Villahermosa, Tab., 28 de febrero.

Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) exigieron la renuncia de Francisco Rullán Silva como titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del Congreso local, con el argumento de que en más de 10 años en el cargo se ha dedicado a maquillar las cuentas públicas de los gobiernos del Revolucionario Institucional (PRI), así como de solapar la corrupción en la anterior administración, encabezada por Andrés Granier Melo.

El auditor –quien fue secretario particular del actual mandatario estatal, Arturo Núñez Jiménez, cuando éste contendió por una diputación federal– debería dejar el cargo en 2017, pero es probable que en los próximos días dimita por las buenas, señaló Rafael Balboa Sánchez, diputado perredista y presidente de la junta de coordinación política de la Legislatura.

Desde los primeros tres años de su gestión, Rullán Silva ha sido cuestionado por legisladores perredistas y panistas, quienes lo han acusado de actuar con parcialidad y encubrir irregularidades de sus amigos priístas en el manejo de las finanzas municipales y estatales; por eso siempre ha tenido el respaldo de los legisladores del PRI, que lo impusieron en el puesto hasta en dos ocasiones.

El miércoles, Núñez Jiménez dijo en entrevista colectiva que el auditor será investigado porque lo considera corresponsable del saqueo en el pasado gobierno estatal, y este jueves los diputados retomaron el tema.

El dirigente estatal del PAN, Jorge Ávalos Ramón, refirió que es tarea de la Legislatura y del blanquiazul promover la renuncia de Rullán Silva, pero siempre respetando las leyes.

En tanto, su homólogo del PRD, Roberto Romero del Valle, indicó que el presidente del OSF se tiene que ir por las buenas o por las malas, y sugirió, ahora que su partido tiene la mayoría absoluta en el Congreso, hacer una reforma a la Ley de Fiscalización para tirarlo del puesto.

En respuesta, el dirigente del PRI, Francisco Herrera León, dijo que les preocupa la guerra mediática impulsada desde el gobierno del estado y vemos ahora al frente de esto al Ejecutivo.

El 21 de febrero, el gobernador Arturo Núñez informó que su administración detectó faltantes por mil 998 millones de pesos en cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas, por lo que instruyó a la Secretaría de la Contraloría presentar denuncias.