La cifra de 26 mil personas no localizadas que dio a conocer la Secretaría de Gobernación (SG) podría ser sólo un truco del nuevo gobierno para buscar legitimidad, pues la mencionada lista no contiene datos precisos sobre cuántas son víctimas de desaparición forzada y en qué condiciones sufrieron ese delito, advirtieron integrantes de organizaciones sociales.

Blanca Hernández, directora de la Fundación Diego Lucero, consideró que no son de fiar los números divulgados por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, porque no señalan claramente quiénes están en ese recuento y por qué figuran ahí.

Lo que ha hecho el gobierno todo el tiempo es negar el fenómeno. Nos dejan muchas interrogantes, por eso pensamos que la cifra de desaparecidos podría ser del doble (con respecto a la de Gobernación), advirtió.

La activista señaló que la cifra actual de desapariciones forzadas en México es superior incluso a la que registraron en su momento varias de las dictaduras militares de los años 70 en Sudamérica, por lo que consideró que además de los números, es necesario que las autoridades sepan qué van a hacer con ellos para garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso a la verdad y a la justicia.

No le creo al procurador (Jesús Murillo Karam) cuando dice que van a investigar todos los casos de desaparición. Lo único que quieren es mantener una política de dos caras: en el exterior, decir que somos un país respetuoso de los derechos humanos, y en el interior no cambiar nada, deploró.

Alba Santiago Nevárez, del colectivo HIJOS México, coincidió en que la lista de Gobernación es una falta de respeto hacia las víctimas, pues se dan cifras con datos incompletos, sin revelar de dónde provinieron o si hay una investigación sobre cada caso.

Ni siquiera están haciendo algo por buscar a los desaparecidos que se cree siguen con vida, que debería ser prioritario. Además, no hablan de responsables (de dicho delito), que en muchas ocasiones siguen siendo los mismos agentes del Estado; por eso creemos que sus número no tienen mucha credibilidad, insistió.

Para avanzar en la solución de esta problemática –dijo– habría que plantearse investigaciones completas sobre los autores de estos crímenes de lesa humanidad, incorporar en una misma base de datos los casos actuales y los de décadas pasadas, además de admitir que muchos de ellos fueron cometidos por servidores públicos, no únicamente por la delincuencia organizada.