El gobierno de Ernesto Zedillo congeló en 1999 una investigación sobre un presunto desvío de recursos de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) hacia actividades políticas de Vicente Fox, transferencias ordenadas por Elba Esther Gordillo y realizadas por su yerno, el ex subsecretario de Educación Básica José Fernando González Sánchez.

En noviembre de 2002, La Jornada publicó que la maestra Gordillo respaldó económicamente a Fox cuando fue gobernador de Guanajuato y era activo aspirante a la candidatura presidencial por el PAN.

La búsqueda de la información, ventilada por priístas en aquel momento, fue encabezada por el ex secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, pero fue frenada por Zedillo para evitar una confrontación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los reportes con los que contaba Labastida Ochoa, de acuerdo con la información solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), confirmaban que se hicieron transferencias de la cuenta de cheques de la CNOP para financiar actos públicos de Fox, con operaciones realizadas por González Sánchez, esposo de Maricruz Montelongo Gordillo y en ese momento presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI.

El yerno de la maestra también acompañaba a Gordillo a las reuniones del cuarto de guerra de la posterior campaña presidencial de Labastida Ochoa. Entre los priístas, González Sánchez era conocido como el del maletín negro, el del dinero.

Este diario informó que el respaldo de Gordillo a Vicente Fox se conoció a principios de 1999, cuando los dirigentes del Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato informaron a la dirigencia nacional que habían detectado transferencias de la cuenta de la CNOP –en la que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) depositaba al sector popular un subsidio mensual– al gobierno estatal de Vicente Fox.

La denuncia fue recibida por el CEN, que de manera inmediata lo hizo del conocimiento de Labastida Ochoa. Además de entregarle esa información, se le sugirió que era buen momento para forzar una elección en la CNOP, buscar el relevo y que a la maestra se le diera una buena salida para evitar un choque con el magisterio y una división en el partido.

Con los documentos recibidos el mismo día que los solicitó, Labastida informó de las irregularidades a Ernesto Zedillo, quien convocó a su grupo más cercano de colaboradores, entre ellos su secretario Liébano Sáenz, para hacer una evaluación del caso y adoptar una decisión.

Los priístas consultados revelaron que el secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, formó parte del grupo cercano a Zedillo que conoció los detalles de las transferencias –Labastida tenía copias de los números de cheques, cantidades y fechas de emisión–, pero uno de los colaboradores del entonces presidente le recomendó no adoptar ninguna medida contra Elba Esther Gordillo.

En Los Pinos se había recibido un mensaje del ex secretario general del SNTE, Tomás Vázquez Vigil, acerca de que él y el magisterio se pondrían del lado de la jefa. Además, se acercaba la negociación salarial con los maestros y de última hora Zedillo decidió que no se indujera ningún relevo en la CNOP, para evitar un conflicto. Además, el proceso sucesorio en el PRI estaba por iniciarse.

Con esa decisión, Elba Esther Gordillo se quedó dos años más en la dirigencia del sector popular y los priístas que conocieron el caso señalaron, a finales de 2002, que seguramente Labastida Ochoa conservó los documentos que involucraban a Gordillo.