El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, explicó: ‘‘El presidente Enrique Peña Nieto fue informado hace 20 días que Elba Esther Gordillo se beneficiaba de una red de lavado de dinero; fue en el momento que estaba armado (el expediente). Señalé que se trataba de un caso claramente penal, pero que podría tener implicaciones políticas, la respuesta que me dio es que cuando se me nombró se me dijo que mi función era aplicar la ley, y la apliqué’’.

En caso de que se dicte auto de formal prisión a Gordillo, se le siga proceso penal dentro de prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero, cuando llegue a cumplir 70 años de edad –ahora tiene 68–, el Ministerio Público Federal dejará en manos del juez del caso si autoriza que continúe su condena en prisión domiciliaria, como establece el artículo 55 del Código Penal Federal, pero ello dependerá de que se demuestre que tiene senilidad o un precario estado de salud.

Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional señalaron que la PGR investiga a 20 personas por este caso, pero hasta el momento sólo se han detectado vinculaciones financieras entre seis de ellas; la empresa Comercializadora TTS de México (cuya propiedad es en 99 por ciento de las acciones de la madre de Elba Esther Gordillo) tiene vínculos con muchas otras operaciones comerciales y bancarias que aún no han sido aclaradas.

Caso ‘‘bien sustentado’’

En ese contexto, señaló Murillo, el caso ‘‘está muy bien sustentado y (…) a pesar de que estamos recién llegados, de que la procuraduría desde mucho tiempo atrás era una institución desmantelada, hemos actuado con mucha decisión en todos los casos y con un enorme trabajo. En este caso hicimos lo mismo que con todos los demás. Sin duda este asunto tiene un impacto nacional, pero tengo que decirlo: lo tratamos como cualquier caso de delincuencia’’.

El procurador Murillo rechazó que éste sea el quinazo del presidente Enrique Peña Nieto: ‘‘No tiene nada que ver, este es un asunto muy cuajado jurídicamente; está investigado previamente; cuando se solicita la orden de aprehensión se le presentan al juez todos los elementos y el juez elabora una orden tomando en consideración todo esto y la otorga en función de los elementos que hoy le presenta la procuraduría; es un caso que no tiene absolutamente ningún fondo político, ninguna pretensión de atentado contra el sindicato, por el contrario, se busca fortalecerlo.

‘‘Es dinero de los trabajadores y es dinero del sindicato; en consecuencia, aquí estamos actuando en defensa de los intereses de los trabajadores de la educación y del propio sindicato. Es una señal política de que se cumplirá con uno de los ejes que ha señalado el presidente de la República: combatir la corrupción’’, dijo.

Aseguró estar ‘‘tranquilo, hay una clara sensación de que los hechos están manejados jurídicamente en los términos de la ley, y creo que una acusación de éstas se sostiene sin ningún problema’’. Añadió: ‘‘El gobierno no puede temer (a una reacción por parte del gremio magisterial). El gobierno tiene que actuar con toda la función de la ley, y nos quedan muchos campos por actuar; hay todavía muchas cosas que hacer, eso me queda claro; es evidente que tenemos que ir haciéndolo poco a poco’’.

Vigilancia permanente

El martes, la PGR tenía vigilancia permanente sobre tres de los operadores de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); a ella se le daba seguimiento a distancia y para que no escapara ayer se montó vigilancia especial en los aeropuertos de Tijuana, Guadalajara y Toluca, ya que se desconocía a cuál de ellos llegaría.

Una vez que las autoridades confirmaron que Gordillo –sin escoltas– había abordado el avión en San Diego, California, la Policía Federal Ministerial alistó el operativo. La lideresa no se resistió al arresto. Los marinos destacados en el lugar ‘‘solamente (sirvieron) como respaldo’’, dijo Murillo Karam.

Una vez que la dirigente gremial fue traslada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y fue llevada al hangar de la PGR, ‘‘se sintió un poco mal y enviamos inmediatamente médicos; el reporte que me da la doctora es que tiene algunas molestias, pero naturales de una situación como ésta’’, señaló el titular de la dependencia.

En cuanto a las investigaciones, el Ministerio Público Federal únicamente ha indagado a profundidad dos de un total de 81 cuentas bancarias que maneja el SNTE, y la PGR estima que en esas dos se encuentra la mayor parte de los recursos sindicales. Sin embargo, las otras 79 serán investigadas. “Vamos a empezar’’, dijo Murillo.

En cuanto a las dos cuentas bancarias ya revisadas, se detectó que hubo transferencias a tarjetas de crédito a nombre de Gordillo en las que se pagaron a las tiendas Neiman Marcus más de 3 millones de dólares entre 2008 y 2011.

Las cuentas bancarias números 5637017000001663 y 563701700003616 concentran 76 por ciento del capital del sindicato, y el patrón que siguieron los operadores financieros de Gordillo fue transferir inmediatamente a otras cuentas los recursos que recibían y que suman 2 mil 600 millones de pesos.

Un ejemplo de las presuntas transferencias ilícitas es que bancos de Suiza y Liechtensteinrecibieron un millón de dólares a nombre de Comercializadora TTS de México, y posteriormente esos recursos se utilizaron para la compra de una residencia a nombre de la dirigente de los maestros en San Diego, California.