La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la transferencia de recursos del presupuesto a fideicomisos permitió al gobierno de Felipe Calderón utilizar gasto no programado ni autorizado por la Cámara de Diputados para distintos fines, al utilizar el modelo de partidas no presupuestables.

El uso de este mecanismo, explicó, creó una situación de excepción en la aplicación de los artículos de la Constitución, que determinan facultades exclusivas a la Cámara de Diputados en materia de gasto público.

En su informe de la Cuenta Pública 2011, la ASF explicó que la Cámara está limitada a fiscalizar el ejercicio de dichos recursos, porque el seguimiento de la Secretaría de Hacienda termina cuando los fondos ingresan a los fideicomisos.

A partir de ese momento, el manejo de los fondos depende exclusivamente de dichos fideicomisos que han financiado proyectos no considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y, por tanto, no son revisados contablemente, indicó.

Como parte del reporte, la auditoría presentó cuatro casos de transferencias no avaladas por la Cámara de Diputados, que ascendieron a 5 mil 422 millones de pesos:

Al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), 758 millones para continuar con el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales); mil 384 millones a Financiera Rural; 3 mil 279 millones a la Secretaría del Medio Ambiente para continuar con la construcción del Túnel Emisor Oriente (en un fideicomiso que administra el Banco del Ejército), así como para recursos materiales y al Parque Bicentenario, que se construyó en la ex refinería de Azcapotzalco.

El órgano fiscalizador detalló que, en marzo de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el SAE firmaron un convenio para designar a éste como liquidador de Ferronales.

Dicho convenio tenía como único propósito que Hacienda transfiriera un subsidio al SAE por 758 millones de pesos a ser utilizados por Ferronales para el pago de pasivos, atención de juicios laborales por prestaciones, pensiones y jubilaciones, juicios contenciosos, remediaciones ecológicas y gastos de operación.

No obstante, la entrega y uso de tal subsidio no fueron reportados en el informe sobre fideicomisos, mandatos y análisis que no son entidades con registro vigente al 31 de diciembre de 2011, por lo que se desprende que del gasto realizado por el SAE con dichos recursos no se rinde cuentas en la cuenta pública.

En el caso de la transferencia de mil 384 millones al Fira (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), la ASF comprobó que los recursos no se integraron como aportación a un fideicomiso, sino que se utilizaron para incrementar el patrimonio de la entidad, y destinados a su vez para cuatro programas.

De los traspasos para el Túnel Emisor Oriente, la auditoría detectó que la Semarnat utilizó los recursos para constituir una especie de patrimonio para efectuar, hacia futuro y sin sujetarse al principio de anualidad, los pagos de la obra.

Ello ocasionó que el ejercicio de los recursos de esta obra ya no se reflejen en los proyectos de inversión de la Semarnat ni se rindan cuentas de ellos en la cuenta pública, porque sus erogaciones no fueron consideradas como gasto público y constituyeron un gasto paralelo.

La misma figura de transferencia a fideicomisos, la misma secretaría destinó 557 millones en 2011 para el Parque Bicentenario, obra a la que ya se habían entregado mil 294 millones entre 2009 y 2010.

Esto pese a que el parque sólo costó 316 millones, por lo que en el fideicomiso utilizado para fondear la obra quedaron como disponibilidades mil 535 millones.