El área de servicios aéreos de la Procuraduría General de la República (PGR) es prioritaria para la institución, sin embargo, los resultados de la auditoría realizada demuestran que sólo tres aviones están en condiciones de volar sin problemas. El procurador Jesús Murillo Karam está analizando su viabilidad; el número de pilotos, mecánicos y técnicos se va a determinar hasta que concluya el proceso de revisión, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Desde diciembre pasado, la PGR ha solicitado el apoyo de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional para llevar a cabo sus operaciones de traslado de funcionarios y detenidos, así como de materiales, pues en ese mes venció el contrato que la dependencia tenía con dos empresas privadas para la renta de aeronaves, señalaron los funcionarios consultados.

Red de corrupción

Desde septiembre de 2012, este diario publicó que como parte de la investigación que se inició para desarticular la red de corrupción detectada en la Dirección General de Servicios Aéreos, se suspendieron todas sus operaciones y se reactivaron las denuncias que existían en su órgano interno de control, entre las cuales hay señalamientos, desde 2004, de robo y tráfico de refacciones y partes, así como asignación ilegal de contratos.

En aquel entonces, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional indicaron que por órdenes de la procuradora Marisela Morales se inició una auditoría por parte de la empresa estadunidense JDA Aviation Technology Solution, la cual descubrió que hay naves que fueron utilizadas sin los instrumentos obligatorios que estipulan las normas nacionales e internacionales.

Que “los pilotos volaban por ojímetro, es decir, se guiaban por su experiencia y estimaban la altitud y la presión atmosférica a la que ascendían los helicópteros, debido a que algunas máquinas no contaban con altímetros.

Eso sí, se detectó a tiempo que existía una orden de compra que estaba a punto de ser concretada, la cual se relaciona con la adquisición de un motor de avión que valía 3 millones de dólares y no correspondía con ninguna nave de la PGR. La compra fue suspendida, indicaron los funcionarios consultados.

En el primer semestre de 2012, la PGR pagó más de 170 mil pesos a una empresa para que empacara las piezas robadas, las cuales fueron entregadas ilícitamente a personas ajenas a la institución. La flota, que en 2000 llegó a ser de 180 naves, se fue reduciendo.