on múltiples y de larga data los señalamientos que vinculan a la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo con hechos delictivos. Particularmente graves son los que se refieren a su responsabilidad en el asesinato del dirigente magisterial Misael Núñez Acosta, ocurrido el 30 de enero de 1981 en Ecatepec; las denuncias por supuestos secuestros y detenciones ilegales de profesores disidentes de principios de los años 80 a la fecha a instancias de Gordillo y de su antecesor, Carlos Jonguitud; las recurrentes acusaciones por opacidad y corrupción en el manejo de las cuotas sindicales; las demandas legales por enriquecimiento ilícito de La Maestra, además de señalamientos como el formulado en julio de 2011 por Miguel Ángel Yunes –ex aliado gordillista que fue uncido director del Issste el sexenio pasado– en el sentido de que la lideresa chiapaneca le exigió 20 millones de pesos mensuales de los fondos del organismo de seguridad social para financiar al Partido Nueva Alianza.

A la luz de esos antecedentes, la detención de la dirigente vitalicia del magisterio, ocurrida ayer en el aeropuerto de Toluca, por presunto desvío de fondos, resulta poco creíble en tanto mensaje de voluntad política para procurar justicia y combatir la impunidad: si tal fuera el caso, el gobierno federal tendría que proceder, por elemental congruencia, en contra del resto de los implicados en la red de desvío de recursos montada por Gordillo en el magisterio, pero también en contra de las redes de complicidades político empresariales –los llamados delincuentes de cuello blanco– que operan en el país, y cuyos desfalcos se presumen mucho mayores al atribuido a la lideresa del magisterio.

No puede soslayarse, por otra parte, que la detención de Gordillo ocurre en el contexto de la promulgación, anteayer, de la reforma educativa promovida por Enrique Peña Nieto, y de la oposición del liderazgo gordillista a esa modificación constitucional. Es inevitable, pues, percibir la captura de ayer como una advertencia y un mensaje de alineamiento formulado al conjunto de la clase política: si el gobierno federal puede desempolvar expedientes y emprender acciones judiciales en contra de un personaje que acumuló vastas cuotas de poder fáctico en el pasado reciente –al grado que le fue entregado el control del mencionado Issste, de la Lotería Nacional y de la Secretaría de Educación Pública, entre otras dependencias–, podría hacer lo mismo en contra de cualquier otro representante de la élite en el poder que cuestione los designios presidenciales.

En suma, a pesar de estar revestida de un discurso legalista, da la impresión de que la acción judicial emprendida contra Elba Esther Gordillo constituye más bien una operación tan turbia y pragmática como lo fueron, durante el salinato, las defenestraciones de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en el sindicato de petroleros, o el de Carlos Jonguitud Barrios, quien fue sustituido por la misma Gordillo Morales. En tal perspectiva, es válido preguntarse si el recambio que se prefigura en el sindicato magisterial derivará en un ejercicio de gatopardismo similar a los casos mencionados, con la consecuente perpetuación del control patrimonialista, corrupto y antidemocrático que caracteriza la vida interna de esos gremios.

Lejos de fortalecer el estado de derecho, la acción efectuada ayer en el aeropuerto de Toluca contribuye a debilitarlo, en la medida en que exhibe una legalidad empleada de manera facciosa y personalizada y, así como una procuración de justicia orientada más al ajuste de cuentas dentro del grupo en el poder que a la defensa de la legalidad.