Desecha tribunal colegiado la queja que se interpuso contra la resolución del juez noveno
Las autoridades capitalinas podrían apelar del fallo
El caso llegaría de nuevo a la Corte
Miércoles 27 de febrero de 2013, p. 46
Un tribunal colegiado de circuito desechó la queja que presentó la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal en contra de la resolución del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, el cual ordenó a las autoridades capitalinas pagar casi 94 millones de pesos como indemnización por la expropiación ilegal del predio El Encino, revelaron fuentes judiciales.
La expropiación fue decretada en noviembre de 2000 por Rosario Robles, entonces jefa de Gobierno del Distrito Federal, y derivó en un litigio que en 2005 provocó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, quien estaba al frente del Ejecutivo local.
En diciembre pasado, el juez José Eduardo Alvarado Ramírez, titular del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, notificó la resolución en la que fijó el monto que debía liquidarse en un plazo de 24 horas a la empresa Promotora Internacional Santa Fe, que desde abril de 2002 ganó un amparo contra el decreto expropiatorio del predio de 13 mil 400 metros cuadrados.
Sin embargo, el GDF interpuso el recurso de queja en contra del fallo del juez Alvarado.
La resolución sobre el caso El Encino aún no es definitiva, ya que las autoridades capitalinas pueden volver a impugnar la resolución, pero en otro recurso legal que se conoce como apelación. Eventualmente el recurso puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los 93 millones 944 mil pesos calculados por el juez son producto de actualizar con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor el valor comercial que tenía el inmueble a partir de noviembre de 2000 y hasta noviembre de 2012, aunque la cantidad seguirá aumentando mientras no se realice el pago.
En agosto de 2011, la Corte resolvió, por seis votos contra cinco, que el predio no podía ser devuelto a la empresa, porque se causaría perjuicio a la sociedad al impedir la conclusión de las avenidas Vasco de Quiroga y Graef Fernández, necesarias para comunicar a Santa Fe con 10 colonias ubicadas al poniente del inmueble.
La impugnación llevaría a que el caso se prolongue, e incluso el expediente podría volver a la Corte, donde pasó varios años y provocó serias polémicas entre los ministros.
La Corte había advertido que, una vez determinado el monto de indemnización, el Gobierno del Distrito Federal en ningún momento podrá alegar insuficiencia presupuestal.
