e acuerdo con un informe del Banco de México, referido a la balanza de pagos del año pasado, la inversión de capitales mexicanos en otros países duplicó la realizada por extranjeros en el nuestro. Según el documento, la primera de esas cifras fue de casi 25 mil 600 millones de dólares (110 por ciento superior al monto correspondiente a 2011), en tanto la inversión directa del exterior en territorio nacional fue de 12 mil 659 millones. Adicionalmente, 4 mil 839 millones de dólares fueron colocados en bancos fuera del país y otros 6 mil 850 millones de dólares de divisas salieron bajo el rubro de otros.

Si al primero de esos datos se agrega el servicio de la deuda externa (la cual creció también en forma desmesurada en el periodo de referencia, habida cuenta de que el gobierno colocó en los mercados financieros internacionales bonos por 46 mil 639 millones de dólares), así como las utilidades que las empresas bancarias trasnacionales transfieren año con año a sus países de origen, no es difícil hacerse una idea de la magnitud de la transferencia neta de capitales de México hacia otros países.

Ese fenómeno, a su vez, es una de las razones centrales del crecimiento experimentado por la economía nacional desde hace décadas y, particularmente, en el pasado sexenio, mediocre en términos macroeconómicos y del todo insuficiente en términos sociales: cotejada con el incremento de la población que llega a la edad laboral, la economía se contrae en lugar de expandirse; ello se traduce en desempleo, pobreza y marginación y, a la larga, en incremento de los índices delictivos y estrechamiento de los márgenes de gobernabilidad.

Debiera resultar claro, a estas alturas, que en los términos en los cuales México fue insertado en la economía global resulta inevitable que el país sea un exportador neto de capitales y que, en consecuencia, es perentorio emprender un cambio de paradigmas en el manejo de las prioridades y de las finanzas públicas. En tanto éstas sigan diseñadas para favorecer a los grandes capitales y no a la población en general, se seguirá experimentando un déficit de recursos para mejorar las deterioradas condiciones de vida de la población y alimentando, así sea en forma indirecta, la inseguridad, el descontento y la debilidad de las instituciones.

Se configura, así, un círculo vicioso, en la medida en que los fenómenos sociales señalados desalientan el flujo de inversiones productivas procedentes del extranjero e impulsan la salida de capitales mexicanos hacia otros países.

Finalmente, las cifras mencionadas indican claramente la improcedencia de políticas de aliento a la inversión extranjera, la cual, como fuente legal de divisas, queda muy por debajo de las exportaciones de petróleo y de las remesas de los mexicanos en el exterior. Tales inversiones, sin embargo, implican en muchos casos una perceptible degradación de las condiciones laborales y del salario, como ocurre en el sector de la maquila; daños ambientales y destrucción de tejidos sociales regionales, como en el caso de las trasnacionales mineras, o bien reglas de operación depredadoras, como es el caso de las trasnacionales bancarias, las cuales imponen en nuestro país tarifas desmesuradas en relación con las que imperan en sus naciones de origen, y logran con ello utilidades desmesuradas que son enviadas al extranjero.