Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de Amnistía Internacional (AI), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunciaron por la desaparición de la figura del arraigo, la cual, señalaron, ha propiciado infinidad de violaciones a los derechos humanos.

Durante el foro Retos y acciones del Estado frente al arraigo, realizado en el Senado, el representante de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, Javier Hernández Valencia, recordó que instancias internacionales han solicitado ya a México que elimine esa práctica.

Con él coincidió el director interino de AI, Daniel Zapico Alonso, quien expuso ejemplos de ciudadanos que durante periodos de arraigo fueron torturados en instalaciones militares con el fin de obligarlos a inculparse de delitos que no cometieron.

Debilita instituciones

El subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Ricardo García Cervantes, advirtió que la práctica del arraigo ha acarreado abusos y debilitado las instituciones, cuyos integrantes, resaltó, requieren de humildad para reconocer que necesitan nutrirse del análisis académico y de la capacidad de la sociedad para ofrecer soluciones.

En ese foro, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la perredista Angélica de la Peña, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, expresó que debe revisarse esa figura, pues su práctica indiscriminada ni siquiera ha sido efectiva, ya que de 4 mil órdenes de arraigo, sólo 129 llevaron a la consignación de presuntos delincuentes; es decir, dijo, únicamente 3.3 por ciento.

En ese acto –inaugurado por el coordinador de los senadores perredistas, Luis Miguel Barbosa–, Zapico insistió en que el arraigo implica graves violaciones a los derechos humanos.

Citó el caso de Rodrigo Ramírez, Ramiro López Vázquez y Orlando Santa Olaya, detenidos en Rosario, Baja California. Los tres estuvieron arraigados durante 41 días en instalaciones militares antes de ser acusados formalmente. Señaló que los tuvieron incomunicados, los golpearon y sometieron a torturas, entre ellas asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ejecución y privación del sueño, con el fin de que se inculparan unos a otros y firmaran confesiones falsas.

“No había más personal médico que médicos militares, quienes supervisaban la tortura y reanimaban a los detenidos cuando perdían el conocimiento.

Cuando sus familiares presentaron denuncias, se transfirió el asunto al Ministerio Público castrense, que cerró la investigación basado en expedientes médicos militares que indicaban que los acusados no presentaban lesiones ni problemas de salud.

Sin embargo, agregó, los expedientes contradecían el certificado médico de la propia PGR, que encontró indicios de heridas, algunas en el oído de Ramiro López Vázquez, quien ha sufrido posteriormente graves problemas debido a las lesiones.

El representante de AI agregó que, como ése, podría exponer un largo listado de casos, pero en todos ellos encontraríamos un patrón similar: personas cuyos derechos son violados, un proceso judicial que es incapaz de dar la certeza mínima, impunidad y malos tratos.

Luis Raúl González –quien asistió en representación del rector de la UNAM, José Narro– planteó utilizar el arraigo en función de la racionalidad del mismo y de su proporcionalidad, fijada entre 72 horas y ocho días y que se acote para quienes lo solicitan y quienes lo otorgan.

Con eso, afirmó, se podrá encontrar un equilibrio entre la seguridad pública, la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos.

La legisladora Angélica de la Peña hizo un recuento de las recomendaciones emitidas por organizaciones nacionales e internacionales de las que se desprende la necesidad de derogar esa figura, por considerarla una forma de detención arbitraria en la que se emplea la tortura.