La Procuraduría General de la República (PGR) revisará los términos de más de 20 convenios de colaboración firmados por el gobierno mexicano con agencias extranjeras, principalmente estadunidenses, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

En la revisión de convenios se incluirá a las agencias estadunidenses antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Aduanas y Migración (ICE) y de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), afirmaron.

Lo anterior se debe a que durante el gobierno de Felipe Calderón existió una política de puertas abiertas para que extranjeros acompañaran a policías mexicanos en operaciones antinarcóticos, interrogaran u ofrecieran beneficios de testigos protegidos a líderes u operadores de organizaciones criminales detenidos, cuando se encontraban en instalaciones como el Centro de Mando de la Policía Federal y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), señalaron las fuentes consultadas.

La intención del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, es que se reformen los convenios de colaboración y se regulen las actividades de intercambio de información y participación de los agentes en las actividades que están reservadas para las autoridades mexicanas.

Eso, debido a que existen registros de operaciones antinarcóticos en las cuales participan agentes extranjeros vestidos con uniformes de policías mexicanos, con el rostro cubierto con pasamontañas y viajando en vehículos oficiales, para registrar lo que en su momento se denominó operaciones espejo, en las cuales toda la evidencia o información que se recogía era registrada de manera inmediata por los estadunidenses.

Agencias como la DEA, la ICE y la ATF han sumado a sus filas funcionarios que colaboraron en organismos como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la PGR, convirtiéndolos en personal infiltrado tanto en organizaciones criminales como en informantes.

Lo anterior ha derivado en la realización de acciones como la llamada Operación Limpieza, en la cual fueron detenidos y acusados de colaborar con grupos criminales 25 funcionarios, entre ellos ex directores de Interpol México, así como Noé Ramírez Mandujano, quien fue encargado de combatir la delincuencia organizada desde la PGR.

Varios acontecimientos han dado muestra del involucramiento de agentes extranjeros.

En 2007, Alberto Pérez Guerrero, quien trabajaba para la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy Seido), fue contratado como informante por los marshals que operan desde la embajada de Estados Unidos en México, y luego se convirtió en testigo protegido de ese país tras revelar una lista de funcionarios que supuestamente protegían las operaciones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El 16 de diciembre de 2009, con base en información proporcionada por la DEA, efectivos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en el condominio Altitude, en Cuernavaca, Morelos, y abatieron a Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

El 30 de julio de 2010, las agencias estadunidenses dieron a la Secretaría de la Defensa Nacional la ubicación de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. El capo fue abatido en su domicilio en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El 15 de febrero de 2011, en la carretera México-San Luis Potosí, los agentes de ICE Jaime Zapata y Víctor Ávila fueron atacados por un comando armado; el primero murió y el segundo resultó herido.

El gobierno de Estados Unidos colaboró en la detención de Julián Zapata Espinoza, El Piolín, jefe de la célula de Los Zetas que cometió la agresión, mediante vuelos de aviones no tripulados dotados de cámaras.

El 21 de junio de 2012 fue detenido por efectivos de la Armada, en Zapopan, Jalisco, Félix Beltrán León, identificado inicialmente por las autoridades mexicanas como Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Cuando se descubrió su verdadera identidad, agentes estadunidenses ofrecieron dentro de las instalaciones de la PGR que saldría pronto de la cárcel si aceptaba decir que era hijo del líder del cártel de Sinaloa.

En septiembre de 2012 miembros de la Oficina Federal de Investigación (FBI) interrogaron en la Siedo a los 12 agentes de la Policía Federal que fueron acusados de participar en una emboscada el 24 de agosto en contra de dos agentes de la CIA y un marino mexicano, en la zona de Tres Marías, Morelos.