La Procuraduría General de la República (PGR) se manifestó en contra de que se legalicen las policías comunitarias y los grupos civiles armados que operan en algunas comunidades del país, y llamó ‘‘a rectificar rápidamente’’ para que sea ‘‘el Estado el que brinde seguridad en condiciones de igualdad, justicia, con equidad y todas las garantías’’.

El subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Ricardo García Cervantes, dijo que el surgimiento de estas agrupaciones civiles armadas, que actualmente hacen funciones de policía, son un fenómeno desde todo punto de vista riesgoso, ya que podrían ser infiltradas por el crimen organizado.

Por separado, el senador perredista Armando Ríos Piter defendió la existencia de las policías comunitarias en Guerrero y llamó a replantear el modelo de seguridad en todo el país porque, denunció, ‘‘el cobro de piso, los secuestros y las extorsiones imperan en todo el territorio’’ y por ello hay molestias de los ciudadanos.

Anunció en conferencia de prensa que la próxima semana presentará ante el pleno una iniciativa para crear las figuras de policía comunitaria y policía vecinal, y se manifestó por encontrar nuevos instrumentos que den mayor capacidad al Estado para atender la inseguridad.

Ríos Piter destacó que en la autodefensa ‘‘no debe imperar la anarquía, capuchas o retenes’’. El Poder Legislativo tiene que involucrarse en el tema y buscar nuevas formas jurídicas dentro del marco constitucional para incluir a las policías comunitaria y vecinal, dijo.

Explicó que en el caso de la autodefensa en Guerrero ‘‘esa policía lleva 17 años, está amparada en tratados internacionales de la OIT, pero hay que incorporar a los ciudadanos en un cuarto nivel, ellos son los más cercanos.