La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) transfirió mil millones de sus recursos de 2011 al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la construcción de varios proyectos de infraestructura que no figuraban en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.

Además, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no logró acreditar el gasto de 164 millones de pesos por concepto de gastos diversos, y utilizó recursos públicos para el pago extra de pensiones de los ministros en retiro.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó deficiencias en el control y seguimiento de los recursos públicos autorizados a la SCJN para sus gastos de operación y mantenimiento. El informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011, presentado a la Cámara de Diputados, refiere que sin tenerlo previsto en el gasto para 2011, la SCJN, por conducto del secretario general de acuerdos, informó al oficial mayor del Poder Judicial –en sesión privada– la decisión de reducir el presupuesto de la Corte de 4 mil 653 millones de pesos a tres mil 653 millones, con la finalidad de destinar mil millones al CJF.

Reducciones al gasto

Además, el secretario general de acuerdos informó de una reducción adicional al gasto por 285 millones que se destinarían a las prestaciones salariales y económicas de los altos mandos, mandos medios y trabajadores en general de la Corte.

Todas las reducciones al gasto sumaron mil 285 millones de pesos, lo que da como resultado no haber contado en el ejercicio 2011 con una adecuada planeación para definir los requerimientos y las necesidades de la SCJN. También se determina que las reducciones realizadas fueron por subejercicios en el gasto, ya que las disponibilidades presupuestarias obtenidas no se encontraban comprometidas.

La ASF considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe aplicar mecanismos de control y supervisión que garanticen la entrega de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el monto y las características de su pasivo circulante.

Sugiere crear ordenamientos de control y supervisión que garanticen que en caso que los pasivos de los ministros pensionados no se paguen, se reintegren a la Tesorería de la Federación.

Asimismo, se solicita a la SCJN someter a consideración de las autoridades superiores la conveniencia de que no se incluyan en los haberes de retiro de los ministros jubilados las prestaciones relativas al pago de riesgos y pasivos, ni el seguro de vida institucional de jubilados y en retiro anticipado, gastos de alimentación ni médicos.

La SCJN deberá proporcionar a las autoridades hacendarias 268 millones de pesos por los pasivos de los ministros pensionados que no se pagaron.

La conclusión del órgano fiscalizador refiere que en términos generales la auditoría a la Suprema Corte cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados señalados, al no reportarse indicadores de desempeño en la cuenta de la hacienda pública 2011.

Tampoco se informó a la autoridad hacendaria sobre el monto y las características de su pasivo circulante; no obstante, se identificó que al 31 de diciembre de 2011 tenía facturas pendientes de pago por 164 millones de pesos.