ebautizado como Niño Briago mediante un juego disponible en Internet (http://bit.ly/VLIBMP ), el senador Jorge Emilio González Martínez regresó ventajosamente al centro de reclusión denominado El Torito para reponer las horas de encierro que había pretendido evadir mediante un recurso de amparo al que ayer declinó en una operación forzada de lavado de cara, luego de las intensas críticas a su comportamiento personal y al negocio denominado Partido Verde Ecologista de México.

Con esa maniobra efectista, el mencionado legislador pretende abrir paso a una cierta exculpación pública, alegando que cumplió a plenitud el periodo de castigo derivado de sus faltas viales. Pero no quedan sus infracciones al orden jurídico sólo en el plano relacionado con el alcoholímetro. Según rei­teradas declaraciones ante medios de comunicación, en determinado tramo de ese episodio González Martínez decidió ocultar su nombre verdadero y usar otro. Tal suplantación fue argüida como demostración de que no lo animaba el propósito de hacer valer su posición e influencias como senador; por el contrario, buscaba ser tratado como otro, como un ciudadano que no fuera él.

Los códigos penales vigentes incluyen en sus tipificaciones delictivas la conducta que ha confesado el senador verde. En el correspondiente al Distrito Federal se establece el delito de variación de nombre o domicilio en el artículo 317: Se impondrá de seis meses a dos años de prisión o de 90 a 150 días de trabajo en favor de la comunidad, al que ante una autoridad judicial o administrativa en ejercicio de sus funciones, oculte o niegue su nombre o apellido o se atribuya uno distinto del verdadero, u oculte o niegue su domicilio o designe como tal uno distinto del verdadero (http://bit.ly/W4bsvz ). El artículo 247 del Código Penal Federal establece a su vez el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad (http://bit.ly/XpFhlr ).

Conforme a las reformas constitucionales aprobadas en diciembre de 2011 por unanimidad de los senadores participantes (http://bit.ly/12OIm5D ), las autoridades capitalinas podrían buscar que se castigara a González Martínez más allá de su fuero como legislador, aunque eso implicaría que el volátil Miguel Ángel Mancera actuara con una voluntad política justiciera que hasta ahora no se le ha visto, sino todo lo contrario (también se podría someter al imperio de la ley a los guardaespaldas que forcejearon con policías capitalinos e incluso les arrebataron al júnior verde por unos segundos, aunque castigar a guaruras expiatorios sin hacerlo con el jefe sería una simulación más). Según la nota redactada por Andrea Becerril y Víctor Ballinas, legisladores, funcionarios, jueces, ministros de la Suprema Corte e integrantes de organismos autónomos, como el IFE, podrán ser sujetos a proceso penal sin perder la libertad y el cargo. Sólo cuando termine el juicio y exista sentencia condenatoria, el juez podrá solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad.

Sería digno y decoroso para las autoridades capitalinas hacer que valga la ley por encima de cargos, partidismos y componendas de cúpula, actuando desde ya, si jurídicamente hubiera sustento pleno, procesando al personaje en mención por el delito o delitos que hubiera cometido en su famosa noche de copas. De otra manera, permitiendo burlas y trampas, un programa noble y defendible como es el que utiliza alcoholímetros los fines de semana habrá quedado estigmatizado, sujeto a librarse de él mediante amparos expedidos como maquila a las afueras del centro de detención, con la enseñanza verde de que cualquiera puede falsear datos, tal vez haciéndose llamar Jorge Emilio González Martínez para mentir, forcejear, trampear y luego hacer como que cumple las reglamentaciones administrativas a contentillo. ¿Tendrá Mancera el valor, o le vale?

ZÓCALO CAPITALINO. Actividad de escalamiento, que forma parte de la exposición organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con la de MarinaFoto Roberto García Ortiz

Astillas

El pleito entre Manlio Fabio Beltrones (acusado de represor) y Ángel Aguirre Rivero (acusado de ingobernabilidad, bajo insinuaciones de hacer declaraciones sin estar sobrio) no es solamente por las policías comunitarias. El sonorense tiene en su equipo al ex presidente municipal de Acapulco Manuel Añorve Baños (ahora diputado federal), quien compitió en nombre del PRI por la gubernatura de Guerrero contra su primo, el (para entonces) ex priísta Aguirre, ahora apasionado perredista. Añorve Baños ha sido acusado por el actual presidente del puerto, Luis Walton (del Movimiento Ciudadano, antes Convergencia) de haber dejado en quiebra las finanzas municipales. Así que el fondo del asunto radica en el combate entre Beltrones-Añorve y Aguirre-Walton. Con el agregado de que, desde Costa Rica, el licenciado Enrique Peña Nieto tuvo a bien llamar a la prudencia y al diálogo a un gobernador y a un diputado federal que además coordina su cámara. Como si estuvieran bajo su tutela, preocupado tal vez por el impacto que esas riñas políticas tengan en el Pacto por México, el mencionado lic. desaprovechó la oportunidad de demostrar que sabe que un gobernador y un diputado tienen vida política propia a la que, en las circunstancias ya detalladas, un ocupante de Los Pinos no debería tratar de regular... Por cierto, los senadores panistas (bancada en la que el calderonismo aún tiene el control) lograron impedir que Peña Nieto hablara en la tribuna de esa cámara durante la ceremonia de conmemoración del centenario del Ejército Mexicano que se realizará hoy... Significativo que maestros de la sección 22 del SNTE, no elbista, hayan encarado a Claudio X. González Guajardo y hayan impedido que presentara índices de desempeño educativo que van en consonancia con las pretensiones privatizadoras alentadas desde Televisa (De panzazo) y otros ámbitos empresariales.. Y, mientras es desmontado el factor Orozco que durante largo tiempo ha mantenido en crisis el funcionamiento de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¡hasta mañana, con el Grupo Modelo buscando arreglos en Estados Unidos, donde consideran lesiva a la competencia cervecera la venta de la empresa mexicana a Anheuser-Busch InBev!

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