yer, al dar a conocer el análisis de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó la existencia de pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural para el monumento conocido como Estela de Luz, así como de otras erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra. El documento referido confirma lo que desde hace tiempo constituye un clamor generalizado: que durante la construcción del citado monumento, cuyo costo se multiplicó por cuatro respecto del proyecto original, se cometieron diversos actos de corrupción y un grave desfalco al erario.

Sin mencionarla explícitamente, la ASF apunta la responsabilidad ineludible de la administración de Felipe Calderón en esas irregularidades. Incluso puede desprenderse de lo mencionado por la instancia fiscalizadora una responsabilidad directa del actual invitado de Harvard, pues, no obstante las flagrantes muestras de opacidad documentadas en el curso de la construcción de la Estela de Luz, y a contrapelo de los señalamientos de académicos y urbanistas que hicieron notar en su momento los defectos del proyecto, Calderón se empecinó en seguir adelante con la edificación de la columna monumental, desvirtuó el sentido original de la misma –conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución– y la convirtió en proyecto personal y en pieza de autoexaltación de su gobierno.

A raíz de lo difundido por la ASF es inevitable concluir que la obra edificada en Reforma y Lieja no sólo es emblemática del espíritu autocomplaciente y frívolo del calderonato, sino también un recordatorio del alarmante descontrol administrativo, el desaseo en el manejo de recursos públicos y en general, de la tolerancia mostrada por la pasada administración federal al que sigue siendo, desde hace décadas, el principal y más agraviante problema de la administración pública: la corrupción.

La circunstancia permite ponderar el grado de destrucción y de regresión generalizadas a que fue conducido el país durante el periodo 2006-2012. Más allá del déficit de legitimidad con que arrancó, el régimen calderonista será recordado por un incremento brutal en la pobreza y el desempleo; por una desmesurada transferencia neta de capitales hacia el exterior; por la postración de la economía nacional –como refleja el dato, difundido recientemente por este diario, de que el crecimiento promedio anual durante ese periodo fue el peor de los últimos cuatro sexenios–; por las decenas de miles de muertos que causó el estallido de violencia provocado, a su vez, por la llamada guerra contra el narcotráfico; por el aumento y la expansión del poderío de las organizaciones criminales; por la descomposición de las corporaciones de seguridad pública; por el retroceso del Estado de derecho y, desde luego, por la opacidad y la corrupción en las oficinas públicas.

Por último, lo menos que cabría esperar a partir de la difusión de los datos referidos es que éstos estén acompañados de una investigación exhaustiva y profunda del gobierno actual, a efecto de que, sin incurrir en revanchas políticas ni en el uso faccioso de las instituciones de procuración, se finquen las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar y se ponga a los responsables a disposición del Poder Judicial. En esa medida, el informe de la ASF no sólo coloca en situación comprometedora a buena parte de los miembros de la administración pasada, sino que lanza sobre la actual una responsabilidad ineludible: investigar y procurar justicia.