San Jerónimo Silacayoapilla, Oax., 20 de febrero. Este municipio mixteco de no más de mil habitantes rechazó el proyecto de una compañía canadiense para explotar una mina en terrenos comunales porque la Secretaría de Economía (SE) entregó la concesión en el sexenio pasado sin consultarlos y porque causará contaminación.

El pueblo se niega, no quiere la mina, afirmó el secretario del comisariado de bienes comunales, Fulgencio Gumersindo López Rosales. El gobierno federal fue el único que dio la autorización; a nosotros no nos preguntaron, a pesar de que es nuestro territorio. Ni el presidente municipal ni el comisariado han firmado, señaló.

Según el Panorama minero del estado de Oaxaca, elaborado por el Servicio Geológico Mexicano, la concesión número 62/9947, denominada Miriam, abarca 5 mil 830 hectáreas de tierras comunales para la exploración y explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre.

No obstante, la SE también otorgó la concesión 62/9876, Silacayoapilla, en 3 mil hectáreas. En los municipios aledaños de San Marcos Arteaga y Santiago Ayuquililla entregó las concesiones 62/9877, La Presa, y 62/9948, Edith en 3 mil 500 y 7 mil 240 hectáreas, respectivamente. En conjunto, las cuatro concesiones abarcan 19 mil 570 hectáreas.

En esta zona alta de la Mixteca, la empresa canadiense Arco Resources Corporation, titular de la mayoría de las concesiones, ya está explorando.

La autoridad agraria de San Jerónimo Silacayoapilla sostuvo que los pobladores se oponen porque la mina contaminaría el río La Ciénega.

Clandestinos, ocho de cada 10 yacimientos en Durango

En Durango existen 385 minas, de las cuales 300 operan clandestinamente, es decir, ocho de cada 10, reconoció el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la entidad, Miguel Bermúdez Quiñones.

Explicó que sólo 85 minas cuentan con permisos, cumplen medidas de seguridad, utilizan equipo y tecnología adecuados, pagan buenos salarios a sus obreros, los capacitan constantemente y están dadas de alta ante la SE y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En cambio, agregó, las alrededor de 300 minas irregulares pagan salarios muy bajos e incluso quedan a deber y constantemente están en conflicto con comunidades cercanas.