La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones representa todo un reto, ya que cualquier decisión afectará a una u otra de las empresas más poderosas del país. El sector de las telecomunicaciones es uno de los más diagnosticados, con problemas bien identificados como dominancia en diversos mercados, barreras de entrada y prácticas monopólicas. Sobre el mismo existen diversas propuestas, que no son producto de los trabajos rumbo a la reforma por venir, sino elaboradas hace tiempo por organismos especializados que van desde consultorías, hasta el Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la propia Comisión Federal de Competencia (CFC).

En este sector cada participante tiene su propia agenda: la Cofetel y la CFC buscan regular en beneficio de los usuarios, aunque constantemente son acusadas de estar capturados por los propios regulados. Especialistas, académicos, consultores y organismos de defensa de consumidores pelean por temas como el derecho a informar y ser informados, más competencia, convergencia, acceso a banda ancha, servicios de calidad y políticas públicas.

A su vez, las empresas tienen sus propios intereses, casi siempre contrarios a los de sus competidores y encaminados a impedir la entrada a los mercados que dominan. Consultores, analistas y académicos especializados en telecomunicaciones señalan los vacíos legales, la falta de políticas públicas y propuestas para que esta industria camine con beneficios para los mexicanos, sin importar el contexto electoral.

A finales de 2012 el consejo consultivo de la Cofetel, integrado por un grupo plural, señaló que los temas fundamentales para la transformación de las telecomunicaciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto deben ser que la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tengan un arreglo institucional, la instauración de una política integral de espectro radioeléctrico, aprovechar el potencial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para transformar las telecomunicaciones, establecer una programa nacional de conectividad social, aplicar medidas para la promoción de la competencia y eliminar distorsiones artificiales propiciadas por los propios operadores.

Así como el consejo hizo esta propuesta, consultorías como Mediatelecom Policy & Law y Observatel, organismo especializado en observación de las telecomunicaciones, han insistido en la necesidad de que haya políticas claras en materia de competencia, la creación de una verdadera agenda de banda ancha, y han demandado servicios de calidad, al igual que ha promovido la convergencia absoluta en telecomunicaciones, pero también en radiodifusión.

La Asociación Mexicana del Derecho a la Información ha puntualizado que los legisladores deben considerar el derecho a informar y ser informado, incluso, como un derecho humano.

En la agenda de la CFC está la aplicación de regulación asimétrica por la Cofetel, cuando se declare dominante una empresa. Mientras que la Cofetel trae como una de sus principales preocupaciones el ordenamiento y mejor uso del espectro radioeléctrico.