La tesis aislada de un tribunal federal que en 1994 absolvió del delito de enriquecimiento ilícito al ex comandante de la extinta Policía Judicial Federal Guillermo González Calderoni –de quien se ha dicho en círculos periodísticos que tenía amistad con Raúl Salinas de Gortari– puede beneficiar al hermano del ex presidente Carlos Salinas, quien actualmente enfrenta un proceso por ese mismo delito, revelaron funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF).

Magistrados federales revelaron a La Jornada que el criterio judicial T.A. 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-2, febrero de 1995; pág. 333, emitido por el tercer tribunal colegiado penal, establece la posibilidad de que los funcionarios públicos acusados de enriquecimiento ilícito puedan aminorar la imputación, e incluso librarse de una sentencia acusatoria, en caso de que demuestren en el juicio que su evolución patrimonial, aparentemente inexplicable, deriva de donaciones, premios, herencias, préstamos, apoyos derivados de fundaciones y otros similares.

En 1993, autoridades federales acusaron a González Calderoni de enriquecimiento ilícito por haber acaudalado varios inmuebles, entre ellos un rancho con 500 cabezas de ganado, además de controlar una flota de camiones de carga.

Sin embargo, después de litigar y defenderse en los tribunales, el ex funcionario consiguió un amparo del tercer tribunal colegiado que lo libró de ese delito.

Para que el juez que hoy juzga a Raúl Salinas pueda resolver de manera similar al criterio del tercer tribunal colegiado, los abogados del hermano del ex presidente de la República deberán presentarlo como prueba ante el juzgado, ya que no es jurisprudencia obligatoria para todos los jueces y magistrados.

El 4 de diciembre pasado, Raúl Salinas pidió al juez que lo procesa por enriquecimiento ilícito el cierre de la instrucción de su juicio a fin de que le dicte la sentencia correspondiente.

La Procuraduría General de la República (PGR) pidió el mes pasado al juzgado 13 de procesos penales federales que declare culpable a Raúl Salinas, y le imponga la penalidad correspondiente, conforme a lo previsto en el Código Penal Federal para el delito de enriquecimiento ilícito.

El artículo 224 prevé un castigo de dos a 14 años de prisión y la imposición de una multa de 19 mil 428 a 32 mil 380 pesos, así como la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y el decomiso de todos los bienes producto del delito.

Salinas permaneció una década tras las rejas, acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, delito del que fue absuelto en 2005.

En caso de recibir la pena máxima en este juicio, se deberán descontar los 10 años que estuvo preso y considerar que puede acceder a la libertad preparatoria con base en la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, por lo que es poco probable que regrese a la cárcel.

La PGR acusa a Salinas de haber adquirido 41 inmuebles en nueve entidades federativas, 12 cuentas de cheques, dos cuentas de ahorro, 36 cuentas de valores y dos contratos de acciones, con recursos cuyo origen supuestamente no justificó como servidor público de la Conasupo.

El monto del supuesto enriquecimiento ilegal originalmente fue tasado en 181 millones de pesos, pero en diciembre de 1998 el monto aumentó a 224 millones, luego de que el juez de la causa admitiera 112 nuevas pruebas de la PGR. En su descargo, Salinas ha alegado que la lista de bienes debe depurarse, porque algunos inmuebles antes de ser funcionario.