El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés, rechazó las declaraciones de los consejeros afines a la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Esther Orozco Orozco, de que la administración capitalina, la Asamblea Legislativa y la Comisión de Derechos Humanos local violentan la autonomía de esa casa de estudios, pues esa “actitud rijosa con que se conducen no ha favorecido una pronta solución del conflicto.

Estas declaraciones son las que han provocado el encono entre estudiantes y autoridades de la institución, por lo que no merecen mayores comentarios, manifestó el funcionario.

Lo anterior en respuesta a lo dicho por el consejero Carlos Arriaga, quien responde a los intereses de la rectora Esther Orozco y que criticó a Serrano Cortés, al diputado local Manuel Granados y al ombudsman capitalino, Luis González Placencia, por manifestarse en favor de reconocer al Consejo Universitario (CU) instalado el pasado 29 de noviembre.

El problema no es con el gobierno de la ciudad, con la Asamblea Legislativa ni con la Comisión de Derechos Humanos, pues si como autoridades hubieran actuado con eficiencia, hoy se estaría evitando el conflicto en esa casa de estudios, subrayó el secretario de Gobierno.

Ayer, en conferencia de prensa, Carlos Arriaga, acompañado de una veintena de consejeros universitarios, entre ellos Jacobo Venegas, quien, aseguran sus homólogos críticos a la gestión de Orozco Orozco, es candidato perdedor a consejero, hizo un llamado enérgico al jefe de Gobierno de la ciudad, Miguel ángel Mancera Espinosa, y al Poder Legislativo local, a que se abstengan de emitir cualquier opinión pretendiendo proponer soluciones políticas a un conflicto interno y perfilar la imposición de un rector a modo.

Asimismo, afirmaron que el proceso de revocación iniciado contra la titular de la rectoría es ilegal, ya que, dijo, la única instancia facultada para iniciar ese tipo de procesos es el CU formado el pasado 22 de agosto y del cual él es secretario técnico.

A esa afirmación, el secretario técnico del CU, instalado el pasado 29 de noviembre, Carlos González, respondió que la actuación de dicha instancia se enmarca en la legislación universitaria, así como los acuerdos suscritos en Casa Lamm y la Asamblea Legislativa, los cuales fueron signados por Esther Orozco y los consejeros afines a ella, por lo que el procedimiento de revocación de mandato contra la rectora es legal y sigue su curso.

Asimismo, señaló que están fuera de toda lógica las acusaciones de que el secretario de Gobierno del DF, los legisladores locales y el ombudsman capitalino vulneren la autonomía de la universidad, pues simplemente están haciendo referencia a los acuerdos firmados, de los cuales ellos fueron testigos.