Madrugada del 6 de febrero de 2008. Las negociaciones en el Palacio Legislativo de San Lázaro para designar a tres consejeros electorales entraban en su fase definitiva: la premisa básica desde que se decidió descabezar al Instituto Federal Electoral (IFE) por la polémica elección de 2006. Derivado de los ‘‘agravios electorales’’, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendría ‘‘mano’’ para proponer al sucesor del defenestrado Luis Carlos Ugalde y, a partir de ahí, se buscaría el consenso con el resto de las fuerzas políticas.

Latapí y Morales, los otros actores

Se acercaba el final de una larga trama de jaloneos para designar a los tres consejeros electorales que sustituirían a Ugalde (quien ante la inevitable remoción había terminado por renunciar dos meses antes), Alejandra Latapí y Rodrigo Morales (los primeros en salir).

En esa complicada ruta para construir el consenso se había caído la principal carta perredista: el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro David Góngora Pimentel.

La segunda propuesta del sol azteca no terminaba por generar consenso: Javier Santiago Castillo, ex consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (donde llegó arropado por el PRD y el Partido del Trabajo), también se caería de última hora ante la oposición insalvable que esa madrugada presentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Restaba entonces la tercera carta: un hombre ligado a la izquierda en los años 70 y 80, ex militante de los partidos Mexicano de los Trabajadores (PMT) y Mexicano Socialista (PMS), Leonardo Valdés Zurita, relacionado con el fallecido líder pemetista Heberto Castillo.

Era la tercera carta que ponía sobre la mesa el dirigente de los diputados perredistas, Javier González Garza. Desde que se determinó remover las dos terceras partes del Consejo General anterior, señalan fuentes cercanas a la negociación, se respetó en todo momento la premisa de que al PRD le correspondía la propuesta de la presidencia del IFE. Y por esa vía llegó Valdés.

El ex pemetista sorteó los vetos internos del sol azteca, superó el antecedente de haberse opuesto desde el Instituto Electoral del Distrito Federal al registro de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de Gobierno (por no acreditar la residencia mínima en la capital) y pudo salvar objeciones entre las otras fuerzas políticas.

Cinco años después, en la víspera de la oportunidad de relegirse –prerrogativa del presidente del IFE–, el entorno tiene algunas semejanzas con aquella fase poselectoral de 2006: la coalición de izquierda descalifica la conducción del proceso, censura la fiscalización de las campañas y cuestiona el desempeño del consejero presidente.

Si en el año 2006 la encendida reacción de la izquierda contra el IFE se subsanó con la salida de Ugalde, en esta ocasión (2013) el desenlace ha terminado por abortar todas las posibilidades de Valdés para buscar la relección, precipitando un pronunciamiento con ocho meses de antelación.

Aunque no es lo más deseable, es claro que el proceso de selección de los consejeros electorales pasa ineludiblemente por el tamiz de los partidos políticos y sus representaciones en el Congreso hasta que no se encuentre otra fórmula alternativa, y ese fue el caso de Valdés Zurita, agregaron las fuentes.

El epílogo

Febrero de 2013. Mediante su cuenta de Twitter, en respuesta a pronunciamientos para que renuncie o no se relija que hicieron públicos varios perredistas, Valdés lanzó una furibunda descalificación a personajes de la izquierda, a quienes acusó de realizar ‘‘desplantes irresponsables, actuar con ligereza, pugnar por su renuncia, ejercer presiones indebidas y hacer especulaciones absurdas’’ con respecto a su futuro.

Todo ello quedó plasmado en sendas cartas al dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, y a los coordinadores de la bancada del sol azteca en San Lázaro, Silvano Aureoles, y en el Senado, Miguel Barbosa.

Sus consideraciones sirvieron de contexto a la argumentación legal que dio sobre su origen como presidente del IFE, cuando explicó que es el Congreso, mediante la votación de una mayoría calificada, el que designa a los consejeros, motivo por el cual no pueden ser removidos con anticipación.

En este contexto, Valdés Zurita adelantó que no buscaría la relección, no sin antes considerar un ‘‘despropósito’’ perredista pugnar por agilizar su salida.

Aunque en público los consejeros electorales hicieron mutis sobre lo que institucionalmente implicaba esa confrontación de Valdés con el PRD, en privado se deslizaron críticas con el argumento de que esta postura sólo complicaría el de por sí complejo proceso de fiscalización de gastos de campaña de los partidos políticos, última fase para finiquitar las elecciones pasadas.