La explotación laboral infantil se ha convertido en un grave problema en México, donde 10.7 por ciento de la población entre 5 y 17 años de edad trabaja y sufre diversas formas lacerantes de discriminación, se afirma en el Reporte sobre la discriminación en México, 2012, trabajo elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El diagnóstico, dado a conocer recientemente, advierte que en el tema de la ocupación infantil, la tolerancia de la sociedad y del Estado no conoce límites, y que tanto en la ciudad como en el campo se está fraguando un futuro que perpetúa diversas formas lacerantes de discriminación.

También aporta cifras que ponen de relieve el binomio pobreza-ocupación infantil: del análisis de “5 mil 316 familias agrícolas con niñas y niños que trabajan (…), para 44 por ciento de los casos, el trabajo infantil significó 41 por ciento y más de los ingresos familiares”.

La situación económica del núcleo familiar también obliga a que niñas y niños abandonen sus estudios: cuatro de cada 10 de las y los niños que trabajan, ya no asisten a la escuela. Tal situación marcará el resto de su vida laboral; sin preparación, aspirarán a trabajos con una baja remuneración económica, tendrán pocas oportunidades de crecimiento y muy probablemente tal cosa obligará a las y los hijos a continuar con la tradicional precariedad familiar.

Un aproximado de 3 millones 15 mil 67 menores de edad laboran en condiciones de especial peligrosidad física, en el campo y zonas agrícolas, y pueden ser también víctimas de explotación sexual o de cumplir trabajo forzoso y servil en la calle, en el hogar y en otros sitios.

En la calle, los menores de edad se ocupan en la venta ambulante, en espectáculos callejeros, limpian automóviles o calzado, recogen basura, reparten mercancías, son guías de turistas ocasionales o de plano están en la mendicidad.

Un niño busca el sustento en calles de la ciudad de MéxicoFoto Roberto García Ortiz

El trabajo forzoso y servil engloba a menores separados de sus familias por engaño o la fuerza, para saldar el pago de una deuda contraída por sus padres; estos niños realizan labores como la obra esclava en todo tipo de labores agrícolas, mineras, industriales o domésticas.

Otros son víctimas de explotación sexual por redes internacionales que se dedican a la pornografía y la prostitución infantil.

También realizan labores especialmente riesgosas. En las áreas industrial: en hornos para vidrio, cerámica, fosforeras, pirotécnicas; mineral, con jornadas agotadoras llevando grandes pesos sin ningún tipo de seguridad; agrícola, expuestos a insecticidas y fertilizantes tóxicos, y en la pesca submarina, los orillan a sumergirse a grandes profundidades durante muchas horas sin protección o equipos especiales, por citar algunas.

Ambas instituciones advierten que el marco legal, responsable de sanciones y prohibiciones, es insuficiente y su diseño no responde a las dimensiones del problema. Dicho de otra forma: las sanciones que establece la ley son precarias, por no decir inútiles.

En las recomendaciones, proponen el desarrollo de políticas de Estado tendientes a reducir el trabajo infantil y juvenil en el país, particularmente el realizado por niñas y niños indígenas; un cambio drástico en el tratamiento que la autoridad ha otorgado al tema; una campaña intensiva para combatir la condescendencia y la complicidad social, y una política comprometida en contra de la explotación laboral infantil que tendría que centrar sus esfuerzos en los niños que laboran como jornaleros agrícolas e incluso de quienes trabajan y viven en la calle.