l presidente Santos de Colombia no cesa de predicar las virtudes de lo que llama la locomotora minera de la economía, basada sobre todo en el carbón y el oro. Pero tropieza con protestas.

En febrero de 2012, una protesta en el Cesar (al nordeste de Colombia) debida a la contaminación que produce la explotación del carbón bloqueó la vía que comunica La Jagua de Ibirico con La Loma, por donde transita el carbón que sale de las minas La Francia, El Hatillo y El Descanso Norte hasta el puerto de Santa Marta. Las compañías Prodeco, Drummond, Vale, no cumplen con su obligación de reubicar poblaciones. Una tractomula atravesada sobre los rieles paralizó varias veces al día el tren que va a Santa Marta con 135 vagones de 60 toneladas cada uno.

Un año después, el Anla, la autoridad nacional de licenciamiento ambiental, anunció el pasado día 5 que negaba la licencia a diversas empresas multinacionales para aumentar la extracción de carbón en la Guajira y el Cesar. Allí se extraen y exportan 90 millones de toneladas al año hacia Europa y Estados Unidos. Querían aumentar hasta 180 millones de toneladas. En enero pasado, una barcaza de la Drummond naufragó y el carbón cayó al mar. El Anla quitó temporalmente a la compañía la licencia de embarque de carbón. No todo marcha bien.

En La Guajira, otro ferrocarril lleva carbón de El Cerrejón a Puerto Bolívar. Los habitantes wayúu nunca han dado consentimiento a la destrucción de su territorio. El motivo principal de protestas es la mala calidad del aire, que causa enfermedades respiratorias que afectan a población vulnerable. El agua de manantiales y de pozos está contaminada y hay mucha pérdida de suelos y de bosques.

En la Guajira y el Cesar, la expansión de la minería requiere evacuar habitantes y reubicarlos en otros entornos con nuevas viviendas y nuevos servicios públicos (escuelas, hospitales). Eso no se ha hecho. Las empresas se ahorran los costos de los desplazamientos. No pagan por la mala salud ni los daños al ambiente natural. No han realizado consultas previas en lugares con población indígena en la Guajira, o afrocolombiana en el Cesar.

Nadie está calculando todavía esos pasivos ambientales por daños a la biodiversidad, a la morfología de los ríos y los niveles freáticos, y también a la salud humana. El PIB de la Guajira y el Cesar, y el de toda Colombia, son magnitudes engañosas porque, si la contabilidad de las empresas está equivocada al no restar los pasivos ambientales, entonces también está mal medida la contabilidad macroeconómica.

Las exportaciones de carbón tienen gran huella hídrica; una tonelada deja en promedio una huella material (de escorias y material de desecho) de diez toneladas. Mientras tanto, los importadores, contentos e ignorantes, queman carbón y producen dióxido de carbono.

La locomotora minera que impulsa el presidente Santos no consigue arrancar con fuerza. Entre protestas, la Anglo Gold Ashanti no despega con la minería de oro en Tolima, mientras Greystar fracasó en su intento de sacar oro del páramo de Santurbán. La minería en los páramos está legalmente prohibida, pero eso no se respeta siempre.

La población de Colombia es de 47 millones, los departamentos de la Guajira y el Cesar tienen apenas un millón cada uno. Son zonas de sacrificio ecológico y social. Allí, como en todas partes, los conflictos ambientales son causados por el aumento del metabolismo social. La extracción anual de carbón en Colombia representa casi dos toneladas por persona, más de cinco kilogramos al día, unas 40 mil kilocalorías. Colombia vende energía barata con graves costos sociales y ambientales en esas zonas de extracción, y también en las playas de Santa Marta, muy perjudicadas por el trasiego de trenes y barcazas llenas de carbón.

En febrero 2013 se anuncia una vez más una huelga del sindicato de El Cerrejón de la BHP Billiton, Xstrata y Anglo American. El sindicato representa a 3 mil trabajadores. Entre sus peticiones está un incremento salarial y legalizar la situación de 7 mil empleados tercerizados. El pliego de reclamos incluye otros dos temas: las enfermedades laborales, producto de la explotación minera, y la prohibición de la brutal desviación del río Ranchería a lo largo de 27 kilómetros. El río Calenturitas, en el Cesar, ya fue destruido por la minería de carbón.

Vemos pues que el ecologismo no es un lujo de los ricos, sino una necesidad de todos. Hay un ecologismo de los pobres e indígenas, e incluso un ecologismo de los sindicalistas.

* ICTA-Universitat Autónoma de Barcelona