rente a la necesidad de esclarecer las condiciones en que se ha dado el crecimiento exponencial de las deudas de estados y municipios, resulta preocupante la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante la solicitud –formulada por el senador perredista Mario Delgado– de entregar información sobre los créditos contratados por entidades y ayuntamientos. De acuerdo con el propio legislador, la entidad encabezada por Jaime González Aguadé aduce que la información solicitada tiene carácter confidencial, por lo que los bancos en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios.

Así, como ha ocurrido en episodios similares del pasado reciente, se pretende generar un falso debate entre los derechos a la privacidad y a la información, como si la defensa del segundo implicara necesariamente la anulación del primero. Tal contraposición es, sin embargo, improcedente, en la medida en que la información solicitada involucra la contratación de créditos que comprometen recursos públicos –es decir, con dinero de la población– y es además riesgosa, por cuanto merma las posibilidades de conocer el monto total y las condiciones del endeudamiento en que han incurrido esos gobiernos, y de determinar, en consecuencia, si dicho fenómeno es en efecto un asunto menor e inofensivo para las finanzas públicas –como insisten las autoridades hacendarias del país–, o si es un asunto más grave de lo que se reconoce.

Por añadidura, la resistencia de la CNBV a informar conlleva riesgos para el propio sistema financiero, no sólo porque obstaculiza el esclarecimiento de posibles prácticas irresponsables de las instituciones financieras que han fungido como prestamistas en estos casos, sino también porque dificulta identificar el grado de afectación del sobrendeudamiento de esos gobiernos sobre los bancos pequeños, los más expuestos al deterioro financiero de estados y municipios.

Por desgracia, el esgrimir el derecho a la privacidad y el secreto fiscal y bancario para encubrir toda suerte de ilegalidades se ha convertido en una práctica común entre las autoridades del país. Un botón de muestra es la recurrente invocación del secreto bancario por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia CNBV para no revelar las identidades de los defraudadores del Fobaproa, responsables de realizar operaciones irregulares o abiertamente ilegales en el proceso de transferencia de deudas privadas al Estado. Sería particularmente desastroso que la voluntad de opacidad de ese organismo en lo que concierne a la deuda pública esté albergando la semilla de un desfalco similar.

En suma, las consideraciones señaladas permiten ponderar la necesidad de reformar las reglas de operación del secreto bancario, a efecto de excluir de su aplicación, cuando menos, la información que involucre recursos del erario. De lo contrario, las autoridades y las entidades privadas seguirán desvirtuando el sentido y el espíritu de principios jurídicos concebidos para proteger la privacidad de las personas pero que hoy son usados, en cambio, para extender patentes de impunidad y para encubrir toda suerte de actividades irregulares.