Quito, Ecuador, 15 de febrero. Este jueves hubo en todo el país los últimos mítines de campaña de las ocho fórmulas presidenciales que contienden por el gobierno, con la participación de 47 organizaciones políticas reconocidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), 12 nacionales y 35 provinciales.

A pesar del evidente interés periodístico de estos actos, los periódicos –opositores y oficialistas por igual– no publicaron información alguna relacionada con ellos. En el futuro, si alguien busca en alguna hemeroteca datos sobre cómo se desarrolló esta etapa de las campañas 2013, no encontrará nada.

La causa es la ambigüedad del artículo 207 de la ley electoral, que decreta y regula las condiciones de la veda informativa y propagandística 48 horas antes del arranque de la jornada comicial y hasta las cinco de la tarde del domingo en que se realiza.

En un contexto en el que las políticas de comunicación del gobierno de Rafael Correa son denunciadas en automático por la prensa comercial como represivas, que se refleja en la inquietud que han manifestado algunos de los observadores internacionales por las garantías a las libertades de expresión y derechos a la información, el caso del citado artículo y el silencio prelectoral han llevado a coincidir a comunicadores, que por lo general suelen ubicarse en posiciones opuestas.

Exigen explicaciones

Osvaldo Pérez, director del periódico público El Telégrafo, considera que esta regulación es ambigua, absurda y poco práctica, y deja muchas cosas a la interpretación. Por eso fue que anoche se tomó la decisión editorial de no publicar ni fotos ni noticias sobre los cierres de los candidatos. El lunes mismo vamos a pedir explicaciones al CNE, para que aclare y, en su defecto, corrija las deficiencias.

Por su parte, la Asociación de Editores de Periódicos, donde los dueños de medios impresos han cerrado filas desde hace años en su animadversión hacia el gobierno de Correa, calificó la norma como una suerte de censura e intolerancia respecto al fenómeno informativo.

Gracias a esta regulación del CNE, sostiene la declaración publicada por el diario El Comercio, no existirá para el futuro un registro impreso sobre lo que sucedió el último día de campaña de las elecciones presidenciales de 2013.

Hay un antecedente. Durante la consulta plebiscitaria del 7 de mayo de 2011, la revista Vistazo publicó –dentro del plazo legal del silencio electoral– una portada que rezaba: Un NO rotundo, y fue multada con 80 mil dólares.

El tema del artículo 207 generó hoy mismo una nueva controversia entre el diario El Universo y las autoridades. En su edición, Gabriela Calderón publica un artículo titulado Aquí no puedo, en el que afirma que no arriesgará al periódico o a ella misma a una acción legal por expresar alguna opinión sobre el tema electoral dentro de las 48 horas de la veda. Horas después, la Corte Constitucional respondió exigiendo una rectificación a la casa editorial y a la articulista, porque el citado texto es una falacia y una tergiversación de la verdad, ya que el artículo pasó por alto que la prohibición a la que hace mención fue declarada anticonstitucional y no está vigente en la ley comicial actual.

Este incidente pone de manifiesto las arenas movedizas que todavía persisten en el terreno de la comunicación social, las atribuciones de los dueños de los medios y las reglas que deben regir la actividad periodística.

Numeralia

Mientras tanto, todo está listo para arrancar a las 7 de la mañana del domingo 17 la jornada electoral en las 23 provincias del país.

Hay 11 millones 666 mil 478 votantes registrados. La legislación aquí no sólo prevé que el voto es un derecho y una obligación, sino que el no cumplimiento de esa obligación conlleva sanciones. De estos electores, están registrados más de medio millón de jóvenes de entre 16 y 18 años. Envían su voto desde el exterior 285 mil nacionales. De estos, sólo en España participan 136 mil y 71 mil desde Estados Unidos y Canadá. Hoy votaron cerca de 9 mil presos en los 53 centros penitenciaros del país.

Eligirán entre ocho binomios para el Palacio de Carondelet –presidente y vicepresidente– y 137 asambleistas naionales, provinciales y del exterior, ya que la diáspora ecuatoriana también cuenta con una representación específica en el Legislativo. Los votos se depositarán en 40 mil juntas receptoras.

Este sábado se desplegarán por los principales centros urbanos 320 observadores internacionales procedentes de Unasur (mecanismo de monitoreo y acompañamiento del organismo regional que cuenta con el concurso de 12 países), ONU, OEA, el Parlamento Andino, la Unión Internacional de Organismos Electorales y el Centro de Estudios de las Américas.