Las dependencias de la administración pública federal están impedidas para recibir propuestas en licitaciones públicas o adjudicar contratos a empresas que no tengan los derechos de propiedad intelectual sobre los productos que están ofreciendo. Así lo estableció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al negar un amparo a una farmacéutica que pretendía participar en una licitación pública convocada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para la adquisición del medicamento especializado denominado ácido micofenólico. Los ministros le dieron la razón a la farmacéutica Novartis, que produce el medicamento My fortic –que participó en juicio como tercera perjudicada– en contra de Landsteiner Scientific, con su producto Femulan, en la convocatoria referida, con el argumento de que era la poseedora de los derechos de propiedad sobre la sustancia activa necesaria para la elaboración de la medicina. Landsteiner Scientific impugnó la decisión del Issste de rescindir de manera anticipada la convocatoria 006370501-615-10 debido a la controversia surgida sobre la propiedad de los derecho intelectuales, argumentando que el artículo 50, fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público era inconstitucional. Sin embargo, los ministros de la primera sala consideraron que dicho artículo es apegado a la Carta Magna.