El sindicato nacional de mineros no ha sido notificado de un supuesto nuevo laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que habría resuelto que esta organización tendría que entregar 55 millones de dólares del fideicomiso minero a diversos demandantes del mismo.

Esta organización calificó de rumor tales afirmaciones y sostuvo que tampoco han sido notificados sus abogados, y que en todo caso se trataría de un último golpe que trató de asestar a la organización el gobierno de Felipe Calderón, el cual sería rebatido en tribunales.

Esto es, porque ya se pagaron los recursos del fideicomiso a los trabajadores que les correspondía recibirlos.

El pasado miércoles se dieron a conocer versiones respecto de que la junta especial número 10 de la JFCA emitió un laudo que obligaba a pagar este fideicomiso a miles de demandantes. Sin embargo, la presidencia de la junta, encabezada por Diódoro José Siller Argüello, hasta la noche de ayer no había podido informar si este laudo existe o no.

Tras varios requerimientos de esta información, esa instancia señaló que estaba revisando el expediente. Los abogados del sindicato nacional de mineros acudieron ayer a la JFCA a solicitar copia del supuesto laudo y no se la entregaron, aunque les informaron que es muy posible que sí se haya emitido tal laudo por parte del anterior presidente del organismo.

En primer término, según acotaron, es totalmente violatorio que no se informe de una resolución emitida por alguna instancia de justicia a todos los involucrados en un proceso legal, máxime cuando supuestamente este laudo fue hecho público en octubre de 2012. El abogado Carlos de Buen indicó además que en caso de exista este laudo sería impugnable a través de un amparo directo.

Al respecto, el sindicato señaló que si desde octubre del año pasado se tenía guardado este supuesto laudo, es de pensarse que el gobierno de Felipe Calderón le dejó esta herencia a la nueva administración para no hacerse responsable del mismo, lo que se inscribe en la permanente agresión que ese gobierno mantuvo contra este gremio.

Sergio Beltrán Reyes, secretario del interior, exterior y actas del sindicato, detalló que en primer término hay una resolución en la que se establece que el fideicomiso pertenece a la organización. No obstante, se tienen al menos 40 cajas con los recibos y documentación que comprueba que se entregó parte de ese dinero a los trabajadores que tenían derecho al mismo, y estas pruebas se han llevado a todos los tribunales donde se ha requerido, para demostrar que el uso de estos recursos fue totalmente legal.

Explicó que los demandantes de este fideicomiso están intentando sorprender a la autoridad y manipulando los hechos, y no extraña que hayan sido apoyados por el anterior presidente de la JFCA en el gobierno panista (Eduardo Salavarría); sin embargo, se tienen los elementos para probar que el uso y la disposición de los fondos por 55 millones de dólares son cosa juzgada.