El Poder Judicial de la Federación (PJF) está convencido del papel protagónico que jugará en la aplicación de la Ley General de Atención y Protección de las Víctimas, por lo que llevará a cabo una intensa capacitación de los jueces y magistrados para que estén en condiciones de aplicar esta norma, que tiene entre sus antecedentes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de protección a los derechos humanos.

Más que analizar la posibilidad de que se presenten recursos legales en contra de la ley recién promulgada, ‘‘lo que nos interesa –señalaron fuentes judiciales– es que los juzgadores federales tengan los conocimientos necesarios para aplicar esta legislación que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, particularmente los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral del daño, restauración de derechos violados y debida diligencia previstos en la Constitución y en tratados internacionales’’.

La capacitación de los juzgadores se iniciará este viernes con el seminario denominado La justiciabilidad de los derechos de las víctimas, impartido por ministros de la Corte, magistrados de circuito, especialistas en derecho internacional, activistas sociales y abogados conocedores del tema. El foro estará encabezado por el ministro presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, quien estará acompañado por la ministra Olga Sánchez Cordero y el consejero de la Judicatura Federal Daniel Cabeza de Vaca.

Posteriormente, magistrados, activistas, así como especialistas nacionales y extranjeros, abordarán en sendas mesas de trabajo dos temas: los derechos de las víctimas y las obligaciones del PJF, y protección judicial de las víctimas. Trascendió que ahí se hará un recuento de las tesis jurisprudenciales aprobadas recientemente por la primera sala de la SCJN en materia de derechos de las víctimas, entre las que destacan:

Derechos de ofendidos

‘‘La víctima o el ofendido están legitimados para promover el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva que absuelve al acusado. La víctima o el ofendido tiene interés jurídico para promover juicio de amparo contra la resolución de la sala judicial que confirma la negativa de la orden de aprehensión, al tener expectativa legal de que se le repare el daño y un interés directo en que se le respete su derecho humano a la igualdad procesal.

‘‘La víctima o el ofendido pueden acudir al juicio de amparo indirecto, con el carácter de tercero perjudicado, cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión o un auto de formal prisión. Víctima u ofendido pueden acudir al juicio de amparo indirecto con el carácter de quejosos, cuando el acto reclamado afectó en los hechos a la reparación del daño, aunque no se refiera directamente a ella.

‘‘Ambas figuras tienen derecho a aportar pruebas tanto en la averiguación previa como en el proceso penal, así como interponer recurso de apelación cuando no se reconozca su garantía a ofrecer pruebas, a pesar de que los códigos procesales penales no contemplen esta posibilidad.

Tienen derecho a impugnar las decisiones que afecten los presupuestos de la reparación del daño. La violación de los derechos humanos genera un deber de reparación adecuada en favor de la víctima o de los familiares, a cargo de los poderes públicos competentes.’’

Además, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) trabaja a marchas forzadas en la conformación de un curso especializado dirigido a los juzgadores para que conozcan en detalle la ley de víctimas y la apliquen teniendo como principio fundamental la protección de los derechos humanos de los afectados y obligar a las instituciones del Estado a cumplir con sus obligaciones, como son reparación integral del daño e indemnizar a los familiares de las víctimas cuando ello corresponda.

Se prevé que otro curso se inicie en marzo próximo, dada la urgencia de que los juzgadores estén capacitados para garantizar los derechos de las víctimas.