El plan Todos Somos Juárez, aplicado el sexenio pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, forma parte del modelo que el gobierno de Enrique Peña Nieto implementará en todo el país dentro del programa de prevención del delito.

Ante la urgencia por la gran cantidad de homicidios que se cometían en esa urbe fronteriza (funcionarios estadunidenses la ubicaron, todavía en marzo pasado, como la más peligrosa del hemisferio y, posiblemente, del mundo), se autorizó una partida presupuestal de más de 6 mil millones de pesos para atajar el problema.

Una vez autorizados los recursos millonarios, hasta ese punto llegaron prácticamente de la noche a la mañana brigadas de funcionarios a operar una barrera contra la llamada narcoviolencia, a partir de 160 acciones concretas, todas con el eje de la participación ciudadana.

La premisa fue que los juarenses son quienes mejor conocen la situación de su ciudad y, por lo tanto, se organizaron mesas de trabajo con representantes ciudadanos para conocer sus opiniones y desarrollar propuestas concretas de solución en 15 temas específicos.

Los responsables del programa para la prevención social de la violencia y la delincuencia –presentado en la semana que concluye por el presidente Enrique Peña Nieto– tienen la certeza también de que con el rescate de espacios públicos y el empoderamiento de los ciudadanos puede disminuir la tasa de delitos y prevenir que se cometan otros.

En Juárez bajó 70 por ciento la tasa de homicidios, aun cuando el problema es multifactorial.

El secreto es que en tu colonia, el empoderamiento sea para el ciudadano, y no para los delincuentes, señaló en entrevista Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.

Una de las aristas particulares en Juárez es el problema del pandillerismo binacional. Los especialistas concluyen que el logro más importante de Todos Somos Juárez es precisamente el fortalecimiento de la capacidad de acción colectiva.

La experiencia en Aguascalientes, otro sitio de referencia del programa actual, es calificada de igual forma de exitosa.

De esa experiencia resalta la llamada Línea verde, un predio de 12 kilómetros de terrenos olvidados, detonante de violencia.

Debajo de esa zona corrían ductos de Petróleos Mexicanos, por lo que fue necesaria la participación –y autorización– de la paraestatal para que esa área fuera transformada en espacio dedicado al deporte y la recreación, incluso con la construcción de una alberca.

¿Cómo vamos a intervenir?, pregunta ahora Lucila Guerra Delgado, directora de planeación, capacitación y seguimiento de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, quien fue responsable de la implementación del programa preventivo de Aguascalientes.

“El programa que daba el subsecretario Roberto Campa, el de la Línea verde, de participación ciudadana, en Aguascalientes, es la materialización de la política pública preventiva porque ves la transformación física y maravillosa en beneficio de mucha gente”, apunta.

Por ejemplo, si el municipio tiene capacidad para poner tres instructores de box, hay muchos voluntarios que enseñarán a los niños esa y otras actividades.

La sinergia que se construye es muy interesante, afirma Lucila Guerra Delgado, sicoterapeuta.