ase para gol en bandeja, el que le brinda la sociedad civil organizada al Congreso de la Unión, si es que éste se puede deshacer, al menos temporalmente, de sus inercias, de su arrogancia y de su maniobrabilidad paquidérmica.

El pasado 6 de febrero una amplia y muy diversa coalición de organizaciones sociales, académicas, de productores, de comunidades y pueblos presentó su propuesta para la Ley General de Aguas. Con esto la ciudadanía, al menos la organizada en esta instancia, da cumplimiento mucho mejor que el Poder Legislativo al plazo establecido por este mismo hace un año de elaborar en un plazo máximo de 360 días la ley correspondiente a la reforma al artículo 4 constitucional aprobada el 8 de febrero del año pasado. En ella se establece el derecho humano al agua y al saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este derecho debe ser garantizado por el Estado en sus diversos órdenes.

El Congreso de la Unión se vio lento y omiso: a pesar de los cientos de millones de pesos que los contribuyentes le dan para dietas, comisiones, estudios, viajes, no tuvo ningún tipo de propuesta en el plazo requerido. En cambio, esta coalición de organismos civiles, procurando sus propios recursos, trabajando intensamente y con inteligencia ha entregado una propuesta sólida y revolucionaria, orientada a construir una verdadera estrategia nacional por el derecho al agua, al saneamiento y a la seguridad hídrica de la nación.

Los puntos de partida de la propuesta ciudadana de ley son dos: la crisis del agua, ya prácticamente perpetua, que se vive en la mayor parte del país, y la reforma constitucional del año pasado.

La crisis del agua se manifiesta como deficiencia del acceso a la misma: casi uno de cada cuatro mexicanos no tienen acceso a la infraestructura de agua potable; como desperdicio del precioso recurso, pues 60 por ciento del agua colectada no recibe tratamiento; como contaminación de cuerpos de agua, de corrientes, de acuíferos con sustancias tóxicas; como despojo del recurso hídrico a las comunidades, sobre todo rurales e indígenas; como sobrexplotación de los mantos acuíferos por empresas de agricultura industrial y mineras.

Ante esto, la coalición que se reunió los días 7 y 8 de diciembre en el Congreso Ciudadano de Cuencas se plantea la divisa Agua para todos siempre, para hacer efectivo el derecho humano al agua, al saneamiento y al recurso hídrico de manera sustentable. Este es el propósito de la iniciativa de ley.

Entre los principios más importantes en que la propuesta se basa destacan, la prioridad de este derecho humano y de su uso para la seguridad y la soberanía alimentarias; la gestión integral y sustentable de las cuencas y sus aguas superficiales y subterráneas y de los sistemas locales de agua potable y saneamiento. También, el respeto a la interrelación profunda entre las comunidades, sus tierras y sus aguas, lo mismo que la participación ciudadana y el acceso a toda la información sobre la materia.

El instrumento privilegiado para lograr todo esto es la cogestión planificada de las cuencas; hacer corresponsables en su manejo a las autoridades de todos los órdenes y a la ciudadanía.

Con esta propuesta de ley, que ha de difundirse y abrirse todavía a una participación y a un enriquecimiento mayor por parte de la ciudadanía, sus impulsores están llevando a cabo las tres tareas básicas que plantea la jurista francesa Mireille Delmas Marty para hacer frente a la mundialización desde el derecho: resistir, responsabilizar y anticipar.

En efecto, esta propuesta de ley ofrece una forma de resistir a la deshumanización que excluye a grandes segmentos de la población y a las generaciones venideras del acceso al agua. Propone formas concretas de responsabilizar a los diversos actores, como son las autoridades y a la propia ciudadanía en el cumplimiento efectivo del derecho humano al agua suficiente y de calidad. Y al establecer mecanismos que eviten el acaparamiento y aseguren el control social del recurso, así como su sustentabilidad, se anticipa a futuras depredaciones o apropiaciones excluyentes del recurso hídrico.

Iniciativas como esta, como las reformas a la ley de víctimas que acaba de entregar el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad al Senado, son las que marcan un antes y un después en nuestro acontecer social y político. Son las que ante una globalización excluyente oponen un humanismo jurídico construido desde abajo, para hacer efectivos los derechos de las personas, de las comunidades y de la naturaleza y también para reconocer y resguardar los bienes públicos mundiales.

Bienvenida la iniciativa. Ojalá el Legislativo sepa aquilatarla y la ciudadanía la adopte y la exija.