Morelia, Mich., 14 de febrero. El Congreso local aprobó, con 26 votos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), seis abstenciones y ocho votos de diputados perredistas en contra, el dictamen que rechaza la cuenta pública 2011, correspondiente al último año de la administración que encabezó Leonel Godoy Rangel –emanado del sol azteca–, por omisiones y deficiencias graves en el manejo de programas y recursos públicos.

El dictamen, resultado del análisis de 7 mil fojas de un informe de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), órgano fiscalizador de la Legislatura estatal, se debatió el miércoles en una sesión que duró casi 10 horas. No lo aprobamos y lo regresamos para que se amplíe la auditoría, porque hay deficiencias graves en la información, afirmó el coordinador de la bancada panista, Alfonso Martínez Alcázar. Añadió que hay datos erróneos en la contabilidad general, no se registraron partidas por casi 4 mil millones de pesos que la Federación entregó, y se violó la ley en la contratación de deuda pública.

La información del ejercicio fiscal 2011 es incompleta, incorrecta y no permite conocer razonablemente la situación financiera del gobierno del estado al 31 de diciembre de 2011, acota el dictamen. Asimismo indica que los créditos contratados pusieron en riesgo las participaciones federales y se contrataron préstamos a largo plazo sin autorización del Congreso de Michoacán.

El diputado priísta Víctor Silva Tejeda dijo que las inconsistencias en el informe de la ASM obligan a devolver el documento. Hay cientos de páginas con información inútil y faltan datos sobre el manejo de importantes sumas de fondos federales, que al parecer se utilizaron para otros fines.

En 2011 se ejercieron 53 mil 751 millones de pesos (53 por ciento provenientes de la Federación); por ello, las cuentas también deben ser revisadas por la Auditoría Superior de la Federación, señala el dictamen.

También ordena a la ASM contratar despachos externos para profundizar la revisión de la cuenta pública, interponer las denuncias penales que correspondan y que el Ejecutivo instruya a la Contraloría que investigue probables responsabilidades.

El gobierno de Godoy Rangel dejó una deuda pública de 16 mil millones de pesos (aproximadamente 50 por ciento de esa suma se contrató en su administración), pasivos varios por 8 mil millones y un déficit de unos 7 mil 500 millones de pesos.

El gobernador Fausto Vallejo Figueroa dio a conocer este jueves, al presentar su primer informe de gobierno en la sede del Legislativo local, que se presentaron dos denuncias penales y en unos días se interpondrán cinco más ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra ex funcionarios de la administración perredista que afectaron el erario.

Posteriormente, el mandatario estatal apuntó en entrevista que omitió los nombres de los implicados porque no quiere etiquetar a nadie.

Vallejo Figueroa leyó su mensaje ante ex gobernadores priístas, correligionarios y los mandatarios de Colima, Mario Anguiano Moreno, y el mexiquense Eruviel Ávila Villegas, entre otros.

Hizo hincapié en los problemas financieros que su gobierno heredó. Desde el inicio de la administración advertimos de la posible perturbación social y la amenaza a la gobernabilidad derivadas de la crisis financiera, la falta de recursos para hacer frente a las exigencias de algunos grupos sociales y los gastos que rebasan los márgenes del presupuesto del estado, dijo.