La Secretaría de Gobernación (SG) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) instalaron ayer una mesa de negociación para encontrar una solución al conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009.

El conflicto es político y se tiene qué resolver aquí en Gobernación; nos queda claro que no lo quieren definir por la vía legal, sino por la política... Es un conflicto social que el gobierno está obligado a solucionar. No hay otra alternativa: la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el 30 de enero pasado) no resuelve el conflicto; eso es muy claro y ellos (SG) lo entendieron, dijo Martín Esparza, secretario general del SME.

El sindicato busca alternativas laborales para 16 mil 599 trabajadores en resistencia, quienes advierten que no aceptarán el finiquito que les ofrecen como renuncia voluntaria.

El SME afirma que pese a la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (los ministros rechazaron la recontratación de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en la Comisión Federal de Electricidad), persiste un juicio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en torno a demandas de reinstalación por despido injustificado.

“Hay dos demandas laborales: una es la que interpuso el Sistema de Enajenación de Bienes (SAE) pidiendo el término de las relaciones laborales, la cual resolvió la Corte el 30 de enero pasado de manera antidemocrática y dictatorial.

Pero hay otra que interpuso el sindicato, la 1267/2009, donde demandamos despido injustificado, reinstalación, pago de prestaciones, patrón sustituto, el convenio de delimitación de zonas firmado por el SME y el Suterm (sindicato de la CFE) en 1985, y la titularidad del contrato colectivo de trabajo, señaló.

Los litigios en la JFCA siguen su curso, aunque el SME admite que éstas pudieran seguir el mismo camino que las anteriores: tribunales colegiados y, al final, un veredicto de la Suprema Corte.

Esparza dijo que en la mesa instalada en la SG se abordará el tema laboral –la devolución del empleo a quienes no hemos aceptado la liquidación–, con base en propuestas que ya se habían aceptado desde la minuta de septiembre de 2011, firmada por el extinto secretario José Francisco Blake.

Un segundo tema a tratar con los funcionarios son los derechos adquiridos de trabajadores y el tercero es la situación de los presos políticos –miembros del SME– que están en el Reclusorio Oriente desde hace un año y 10 meses.

“Ellos en Gobernación aceptan y ratifican esa minuta (de septiembre de 2011) para analizar estos grandes temas… No creo que este gobierno quiera continuar con un conflicto social que lleva más de tres años. Hay condiciones políticas para resolverlo”, subrayó.

El 4 de diciembre pasado, en una carta dirigida al titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, el SME solicitó la instalación de una mesa de diálogo. Hasta ayer, más de dos meses después fueron recibidos por el director de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con las Entidades Federativas de la SG, Alejandro Ozuna Rivero.

La siguiente reunión en Bucareli será el próximo miércoles y se espera que participe el funcionario, así como el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda.

No creo que al inicio de este gobierno quiera continuar con un conflicto social de más de tres años; hay condiciones políticas de resolverlo. El SME busca recuperar su fuente de trabajo. De lo otro, ya lo resolvimos en el sindicato, nadie en su sano juicio puede ir a renunciar a un derecho constitucional, señaló Esparza en entrevista.

“El licenciado Ozuna –añadió– nos dijo que independientemente de la resolución de la corte este es un conflicto social y estamos obligados a resolverlo, máxime que hay una minuta vigente para avanzar en ello.