Un juez federal negó otorgar un amparo al padre de Raquel Alvarado –condenada a 30 años de prisión en Nicaragua, tras haber sido detenida en ese país por encabezar un convoy de camionetas con el logotipo de Televisa en las que se decomisaron más de 9 millones de dólares–, en el caso de dos demandas de garantías que presentó en el estado de Guanajuato contra el cateo e incautación de sus propiedades.

El padre de la mexicana impugnó la negativa del amparo ante un tribunal colegiado de circuito.

Fuentes judiciales señalaron que el juzgado tercero de distrito con sede en León, Guanajuato, desechó los amparos 1606 y 1621/2012, promovidos por el tamaulipeco Jesús Alvarado Aguilar contra la incautación de tres inmuebles por la Procuraduría General de la República (PGR) en septiembre pasado.

Además, las fuentes consultadas indicaron que continúa vigente el juicio de amparo 1720/2012, también iniciado a petición de Alvarado, con el que pretende combatir la orden de captura que enfrenta por delitos ligados a la delincuencia organizada.

La PGR mantiene abierta una investigación contra Jesús Alvarado y su hija Juana Raquel, por sus presuntos vínculos con el cártel del Golfo o el de Los Zetas.

Como parte de las pesquisas, la PGR ha detectado que esta mujer, a quien junto con su padre se le considera líder del grupo de mexicanos detenidos en Nicaragua en las camionetas con el emblema de Televisa, realizó entre 2009 y 2010 diversos viajes a Europa, en especial a España, empleando pasaportes falsos.

El juzgado tercero de distrito de Guanajuato concedió la suspensión provisional al padre de Raquel, pero de nada le servirá en caso de ser capturado, pues existe orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero, delito cuya gravedad impide que se suspenda el mandato judicial.

El juez fijó para el 4 de marzo a las 9 horas la celebración de la audiencia constitucional, en la cual determinará si concede el amparo contra la orden de captura.

El 18 de enero, un juez de Nicaragua condenó a 30 años de cárcel a los 18 mexicanos detenidos en agosto con más de 9 millones de dólares, tras ser hallados culpables de lavado de dinero, crimen organizado y tráfico internacional de estupefacientes.