La llamada reforma educativa no recuperará la rectoría del Estado en la materia ni transformará la enseñanza porque el proyecto del gobierno y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –esta última la verdadera autora de dicho cambio– es extinguir y despoblar a la escuela pública del tipo de maestros comprometidos con su trabajo, coincidieron expertos.

En la mesa La reforma educativa de Peña Nieto, realizada en Casa Lamm, el profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) César Navarro advirtió que esta modificación a los artículos 3º y 73 de la Constitución tiene genéticamente la impronta salinista.

Así, recordó que cuando el ex presidente Carlos Salinas anunció –con la efigie de Zapata como fondo– lo que fue la legalización del rentismo de la tierra, lo único que se profundizó fue el abandono del campo y la explotación de sus trabajadores, quienes hoy son los parias en el extranjero, en las comunidades y en las ciudades.

De la misma forma, hoy se busca extinguir, eliminar y despoblar a la escuela pública de los docentes que han dado enormes batallas en la defensa de la enseñanza pública.

En su turno, Luis Hernández Navarro, periodista y coordinador de Opinión de este diario, puntualizó que esta modificación no es una reforma, sino una contrarreforma; tampoco es educativa, porque más bien implica un cambio administrativo y laboral, y mucho menos es de Peña Nieto, ya que la autoría corresponde a la OCDE.

También es mentira que con este proyecto se busque recuperar la rectoría del Estado en el ramo, ya que en realidad se pretende expropiar a los maestros la autonomía relativa que aún conservan en el salón de clases.

Por su parte, Hugo Aboites, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), alertó que por primera vez el discurso de la OCDE, del Banco Mundial y de organizaciones como Mexicanos Primero se ha introducido en la Constitución.

También advirtió que hay quienes plantean que al tratarse más que nada de una reforma de tipo laboral establece un estado de excepción o una especie de apartado C, no previsto en las normas. Propuso la creación de un órgano nacional representativo, conformado por maestros, estudiantes, padres e integrantes de esta comunidad, cuya función sea definir las líneas fundamentales de la enseñanza y que el gobierno sea un simple operador. Esto, para liberar a la enseñanza de los acuerdos cupulares.

Manuel Pérez Rocha, ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, coincidió con los planteamientos anteriores y exhortó a hacer una permanente revisión de la historia educativa para contrastar estos momentos con los planteamientos de hoy, mismos que tienen una miseria ideológica escandalosa.

El maestro Pedro Hernández, representante de la sección nueve del comité democrático magisterial, recordó que pese a la presunta campaña de resistencia por parte de la lideresa Elba Esther Gordillo, su partido, el Panal, también aprobó este cambio con el voto a favor de 10 de sus diputados, mientras que 58 legisladores del PRD hicieron lo propio, además de 205 del PRI, 111 del PAN, 26 del Verde y 11 del PT.