Consejeros electorales sostuvieron que el Instituto Federal Electoral (IFE) no debe confrontarse con los actores políticos, sino buscar un intercambio de ideas. Sin embargo, justificaron la libertad de expresión del consejero presidente, Leonardo Valdés, al responder a las descalificaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el contexto de la polémica por los gastos de campañas presidenciales.

Sin embargo, por segundo día consecutivo, Valdés remitió una carta –difundida en Internet–, ahora dirigida al coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, sobre a sus declaraciones en las que sugirió que el ahora consejero presidente se incorporará a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, lo que califica de absurdo y especulativo.

“El artículo 41 de la Constitución indica que quienes hayan fungido como ‘consejero presidente, consejeros electorales y secretario ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado’. Motivo por el cual, resulta absurdo afirmar que tengo listo un escenario para que el gobierno federal me incorpore a la administración pública”.

Acto seguido, Valdés sugiere la ignorancia del senador sobre su trayectoria: debo compartirle (pues me da la impresión de que lo ignora) que en mis casi 60 años sólo he desempeñado dos funciones: la de profesor e investigador universitario y la de funcionario electoral. Creo que es importante que le quede claro que al término de mi encargo como presidente del IFE, volveré a mis actividades académicas y que no aspiro a ocupar cargo alguno en ninguna administración pública federal o local.

En el mismo tono beligerante que la víspera, Valdés añade: le comparto lo anterior, pues es mi convicción que las acusaciones y especulaciones carentes de todo fundamento no ayudan a la estabilidad política de nuestro país, obstruyen la gobernabilidad democrática que con tanto trabajo hemos construido y polarizan a la opinión política.

Entrevistados por separado, los consejeros Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños rechazaron la posibilidad de que, en la coyuntura de la designación del sustituto del consejero Sergio García Ramírez –quien renunció al cargo la semana pasada– se pueda adelantar la renovación de los otros cuatro integrantes del IFE que culminan su gestión en noviembre.

Hay que cumplir los términos legales, sostuvo Guerrero –quien termina en este año– y en su caso, la Cámara de Diputados debería buscar su remplazo a la brevedad para evitar el fantasma de los empates en las votaciones. Recordó lo conflictiva que fue la anterior designación de tres consejeros, que obligó al IFE a trabajar sólo con seis miembros más de un año.

Baños señaló que la facultad legal de adelantar los tiempos sólo le compete al Congreso, pero destacó la necesidad de cumplir los plazos de gestión. Debemos buscar el fortalecimiento del IFE y no su debilitamiento. Hay que consolidar un esquema claro que evite la partidización del IFE, pues son los partidos y algunas opiniones en medios de comunicación, lo que ha descontextualizado las decisiones del IFE.

A pregunta expresa sobre las críticas del PRD contra Valdés y el responsable de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, Baños rechazó la posibilidad de remover a este último y defendió su desempeño profesional en la elaboración de los dictámenes sobre los gastos de las campaña presidenciales.

–¿Con las cartas de Valdés al PRD se fortalece o se debilita al IFE?

–No he leído las cartas del consejero presidente. Soy muy respetuoso de las críticas de los actores. En el IFE no queremos confrontación con los actores políticos, no es el papel de la autoridad. Simplemente se busca el intercambio de información sobre temas importantes, respondió Baños.

Guerrero enfatizó la necesidad de que en la renovación de los integrantes del consejo, salvaguardando los plazos legales, se debe cuidar al IFE, porque no es una institución de los partidos o legisladores, sino de la sociedad.

Mencionó que en el corto plazo, el instituto debe desahogar su agenda, entre la que destacó la necesidad de discutir y aprobar los dictámenes sobre fiscalización de todas las campañas, en julio próximo.

Sobre las cartas de Valdés en las que acusa a los perredistas de ejercer presiones, actuar con ligereza y poca objetividad, Guerrero dijo ser solidario con la libertad de expresión que tienen los consejeros para defender su actuación.

–¿Fue prudente esa carta, en esos términos, con esos calificativos?

–Creo que a quien corresponde rendir cuentas sobre sus declaraciones es al consejero presidente, no tendría mayor comentario –concluyó.