A solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al menos 587 personas fueron investigadas en 2012 por la Procuraduría General de la República (PGR) por actos vinculados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con el Informe de rendición de cuentas de la administración pública federal elaborado por Hacienda, la PGR envió mil 408 solicitudes de información financiera por presuntos delitos relacionados también con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; Hacienda reconoce haber atendido únicamente mil 296 de esas peticiones.

Según información estadística de la SHCP, elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en 2012 se recibieron 57 mil 263 reportes de operaciones inusuales, el nivel más alto desde 2005. También captó 157 reportes de operaciones preocupantes y 5.9 millones de operaciones relevantes.

De acuerdo con el informe oficial, la UIF ha sido una de las mayores beneficiadas de la Iniciativa Mérida, de la cual ha recibido donativos que le permitieron impulsar proyectos como el plan de capacitación técnica especializada para el personal de tecnologías de información; dar continuidad del servicio de mesa de ayuda del área de infraestructura tecnológica e iniciar el proyecto de automatización del proceso proactivo de la UIF, con el uso de la herramienta de software BPM (Business Process Management).

Tras la puesta en marcha del nuevo servicio web de recepción y carga de la información proveniente de órganos supervisores y de la homologación de los reportes de operaciones inusuales se finalizó la conciliación de cifras 2007-2010 de reportes inusuales, preocupantes y relevantes entre la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se dio inicio a la ejecución de procesos de estandarización de las principales bases de datos de la UIF, con lo que se logrará consolidar la información de todos los reportes de operaciones asociados a un mismo sujeto, señala el informe.

Para hacer más eficiente la observación de casos y recopilación de información financiera, se impulsaron disposiciones para prevenir, detectar y reportar actos, omisiones u operaciones que pudieran estar relacionados con los delitos de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo aplicables a centros cambiarios, transmisores de dinero, instituciones de fianzas e instituciones y sociedades mutualistas de seguros.