El reciclamiento de zonas en desuso significa una oportunidad para construir vivienda de menor tamaño en el área urbana y reducir el déficit de 500 mil unidades, pero los empresarios quieren reglas claras y trámites rápidos para invertir y no impactar el costo financiero de una obra nueva al comprador final, afirmó Alejandro Kuri Pheres, presidente saliente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

El empresario señaló que desde diciembre han tenido reuniones con los secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann; de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, y de Trabajo y Fomento al Empleo, Carlos Navarrete, para seguir impulsando el desarrollo inmobiliario en nuevas zonas.

La creación de zonas de desarrollo económico y social (Zodes) busca un crecimiento ordenado, donde se respeten los usos de suelo y densidades fijadas en los programas de desarrollo, a fin de atender la demanda existente, y los grandes vivienderos se dieron cuenta de que el consumidor está demandando vivienda en la ciudad, señaló.

Los desarrollos, comentó, serán más pequeños, pues ya no se buscarán esos terrenos de cientos de hectáreas baratas para construir ciudades fuera de la ciudad, sino desarrollos de mejor calidad, aunque sea a otro precio, lo cual tiene que ver con las políticas y líneas fijadas por la Comisión Nacional de Vivienda y el Infonavit.

Ello implicará reutilizar zonas abandonadas, grandes extensiones de terreno donde se ha cambiado la vocación de industrial a habitacional, como ha sucedido ya en Vallejo, que tiene una ubicación privilegiada.

Corresponderá al gobierno realizar las modificaciones de uso de suelo para reciclar dichas áreas y crear las condiciones de desarrollo en materia de infraestructura, como banquetas, guarniciones, alumbrado, rencarpetado, jardinado y rehabilitación de espacios públicos.

Los desarrolladores y profesionales inmobiliarios solicitaron además que los impuestos y contribuciones que se den por nuevas obras se inviertan en la zona y no en otros puntos de la ciudad, agregó.

Hoy, afirmó Kuri, los inversionistas demandan reglas claras y simplificación administrativa para reducir los costos financieros, de 7 por ciento en promedio en obras nuevas por trámites, el cual no lo paga el desarrollador, sino el comprador final, así como certeza jurídica para arriesgar su dinero.