El Registro Nacional de Población (Renapo), responsable de expedir la cédula de identidad para menores, tiene asignado un presupuesto de 250.8 millones de pesos, casi 75 por ciento menos de lo que ejerció el año pasado.

El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha precisado el destino de este proyecto, que hasta noviembre de 2012, cierre de la administración calderonista, tenía en su poder los datos de 6.6 millones de menores y había entregado apenas 3.4 millones de micas, de un sector poblacional de 27 millones de personas de entre 4 y 17 años.

El plan de la cédula, delineado en 2007 en el contexto de una nueva estrategia de seguridad, fue uno de los más importantes del sexenio de Felipe Calderón, en cuanto a política interna, y hasta 2012 se habían invertido para ello más de 3 mil millones de pesos.

El proyecto tropezó desde entonces con obstáculos económicos, administrativos y legales. En especial en 2011, cuando un grupo de diputados del PRI interpuso una controversia constitucional al considerar que el Ejecutivo se había excedido en sus funciones y que la expedición de la cédula no contaba con los elementos necesarios de protección de datos personales.

Esta vía legal no prosperó y la expedición del documento de identidad sigue vigente, aunque ya no hay campaña de difusión, como en el bienio reciente, para informar de las características de este documento de identidad o si, en su caso, una partida mayor fue incluida en otra área de la administración pública a fin de dar continuidad al proyecto ideado desde hace seis años.

Al cierre de 2012, el entonces titular del Renapo, Alberto Alonso y Coria, advirtió que con la estructura operativa y presupuestal de ese año (939.9 millones) no era posible alcanzar las metas planteadas de un proyecto tan grande; no obstante, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 muestra, en el rubro del Renapo, una merma sustantiva.

La estructura actual del Registro Nacional de Población es insuficiente para gestionar, con elevados niveles de eficiencia y eficacia, un proyecto de esta magnitud y complejidad, concluyó en el informe de rendición de cuentas entregado al entonces gobierno entrante (Libros blancos), señaló La Jornada, 26 de noviembre de 2012.

El Renapo depende de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG); entre sus atribuciones destaca, además de la cédula, la expedición de la cédula única de registro de población, identificada como la Curp, así como la coordinación con todos los registros civiles de los 31 estados y el Distrito Federal.

Si bien la organización de la SG está en proceso de restructura, luego de la reforma legal que la convirtió en la supersecretaría de la administración pública, no hay información disponible acerca de los alcances que tomará este proyecto de dotar a todos los mexicanos y extranjeros residentes en el país, de un documento oficial de identificación.

Tras la enmienda de la Ley Orgánica de la Administración Pública está en construcción el reglamento de la SG que podría modificar los actuales objetivos del Renapo; sin embargo, la calendarización presupuestal de esta área indica un tope de 250.8 millones, con énfasis en el gasto en mayo, junio y julio próximo, con partidas de 37, 31 y 32 millones de pesos, muy por debajo de lo que se requiere.

Los diputados tampoco aprobaron recursos adicionales para el Renapo; el proyecto de presupuesto y su respectiva autorización, publicada en el 18 de enero en el Diario Oficial, marcan la misma cantidad. Se desglosa como sigue: 76.4 millones para servicios personales (salarios de personal permanente, transitorio, seguridad social y otras prestaciones); 121.9 millones para servicios generales y apenas 51.8 millones como “subsidios, subvenciones y ayudas sociales.

Lo anterior, pese a que los funcionarios de la administración anterior, emanada del PAN, recomendaron a sus sucesores aprovechar el impulso derivado de la emisión de la cédula para menores de edad, los contratos ya firmados con los proveedores, así como los convenios con los estados y con los registros civiles.

Incluso sugirieron que se adoptara la decisión política para el enrolamiento de mayores de edad y la consecuente emisión de la cédula de identidad ciudadana, aspecto que también causó molestia de los consejeros del IFE, porque alegaron que una mica para adultos debilitaría la actualización del Registro Federal de Electores.