espués de esta última semana queda claro que para defender y salvar a este país del enemigo a veces es necesario violar, destruir y anular los derechos y libertades que, dicen, definen a esta nación indispensable.

Observar la audiencia ante el Senado para la ratificación de John Brennan como próximo jefe de la CIA (agencia donde trabajó durante 35 años antes de ser el asesor antiterrorista del presidente Barack Obama) fue escalofriante porque muy tranquilamente afirmó que, en efecto, el gobierno de Obama se atribuye el derecho –sin formular acusaciones formales, sin orden judicial, sin tener que presentar pruebas, sin supervisión ni consulta de otro poder gubernamental– de asesinar a cualquiera que considere terrorista, aun si es ciudadano estadunidense, en cualquier parte del mundo (aparentemente incluido, y nadie aclara lo contrario, dentro del país).

Brennan, el arquitecto de la estrategia de ataques selectivos con aviones no tripulados (drones) como principal instrumento de la guerra contra el terrorismo, insistió en que todo esto es justificable por ser necesario para la defensa de Estados Unidos. Y cuando se le preguntó cómo puede asegurar que no se cometan abusos de este poder extraordinario, su respuesta esencialmente fue: confíen en nosotros.

Para varios observadores, este espectáculo llamó la atención sobre todo por eso de que ciudadanos estadunidenses pueden ser (y ya han sido) objetivos de estas misiones de lo que esencialmente son escuadrones de la muerte aéreos. Según la ley, el gobierno no puede privar de la vida a ningún ciudadano sin un proceso legal que respete los derechos fundamentales del acusado, incluido el de defenderse ante las acusaciones. Esto no es un asunto hipotético; ya ha sucedido: el ciudadano estadunidense Anwar Awlaki fue asesinado por un drone en septiembre de 2011, y dos semanas después su hijo de 16 años fue abatido en la misma forma.

A otros les importó lo parecido que es todo esto con lo que sucedió con Bush, y que tanto criticó en ese tiempo Obama. Señalan que de nuevo el Ejecutivo se otorga poderes extraordinarios sin aprobación legislativa o judicial para realizar acciones en nombre de la guerra contra el terror, incluida la elaboración de justificaciones legales secretas para todo. La revelación, por NBC News, de un memorando del Departamento de Justicia girado la semana pasada para justificar el asesinato de integrantes de Al Queda y grupos asociados –incluida una muestra del genio de los abogados del país, con un argumento de que no son asesinatos– es muy parecida a los documentos del Departamento de Justicia de los tiempos de Bush, cuando se elaboró la famosa justificación legal de la tortura.

En la justificación legal se afirma, como reportó La Jornada la semana pasada, que “una matanza legal en defensa propia no es un asesinato. En la opinión del Departamento (de Justicia), una operación letal realizada contra un ciudadano estadunidense cuya conducta represente una amenaza inminente de ataque violento contra Estados Unidos sería un acto legítimo de autodefensa nacional, que no violaría la prohibición del homicidio. Igualmente, el uso de fuerza letal, consistente con las leyes de guerra, contra un individuo que es un objetivo militar legítimo, sería legal y no violaría la prohibición de asesinato.

Algunos cálculos independientes son que entre 2 mil y más de 3 mil personas han sido asesinadas en ataques con drones sólo en Pakistán desde 2004. La gran mayoría en el gobierno de Obama, después de 2008.

Entonces, ahora estamos en una coyuntura en la que se afirma que por el bien del país se requieren escuadrones de la muerte aéreos que realizan misiones de asesinato extrajudicial decididos por el presidente y su equipo.

Además, nuevas medidas en las leyes autorizan la detención indefinida de cualquiera, incluso de estadunidenses, bajo custodia militar si el gobierno determina que uno es integrante de Al Qaeda o grupos asociados, o si uno ha brindado apoyo a esas agrupaciones. El gobierno puede detener a cualquiera con esa justificación hasta el fin de hostilidades, o sea, para siempre, ya que esa guerra contra el terrorismo no tiene, por definición, un fin.

Más aún, si uno revela los documentos secretos que contienen las órdenes para ejecutar estos actos, incluidas las justificaciones legales, puede ser enjuiciado conforme a la Ley de Espionaje de 1917. Tampoco estamos hablando de un asunto hipotético: el gobierno de Obama ha empleado esta antigua ley (de tiempos de la Primera Guerra Mundial) en siete ocasiones, más que todos sus antecesores combinados. La razón oficial: por bien del país, para proteger al pueblo.

Todo esto en nombre de la libertad, los derechos humanos, la paz y la justicia, no sólo aquí, sino a nivel mundial. De hecho, en uno de los actos de despedida como secretaria de Estado, Hillary Clinton afirmó: entonces, cuando digo que verdaderamente somos la nación indispensable, no es un alarde ni una consigna vacía. Es un reconocimiento de nuestro papel y nuestras responsabilidades. Por eso, los que dicen que estamos en declive están absolutamente equivocados.

Pero parece que para permanecer como la nación indispensable se tienen que pasar por alto garantías constitucionales, leyes contra el asesinato tanto de ciudadanos como de extranjeros, detenciones indefinidas sin cargos, algo muy parecido a las desapariciones en otros regímenes, y las normas establecidas en el derecho internacional.

De cierta manera, esto recuerda esa famosa frase de un oficial estadunidense al entonces corresponsal de guerra de Ap Peter Arnett en la guerra en Vietnam, al ser interrogado sobre por qué se dio la orden de bombardear un pueblo llamado Ben Tre en 1968 sin importar las bajas civiles: se volvió necesario destruir el pueblo para salvarlo.