Mazatlán, Sin., 10 de febrero. Al menos 30 comuneros desplazados por la construcción de la presa Picachos, entre ellos el líder Atilano Román y la abogada Alma Barraza, fueron detenidos por policías ministeriales cuando pretendían incorporarse al desfile de carnaval para protestar por el despojo de sus tierras.

La vocera del movimiento campesino, María José Osuna, dijo que ninguna autoridad les ha indicado si fueron remitidos a las instalaciones de la policía ministerial, ni les informaron los motivos de la detención, por lo que calificó los hechos de acto de intolerancia y abuso del gobierno de Mario López Valdez.

El dirigente campesino también fue aprehendido por los agentes, aun cuando tiene un amparo del orden federal para evitar ser detenido.

Osuna explicó que alrededor de las 17 horas un convoy de por lo menos siete patrullas de la policía ministerial llegó frente a la calle Alejandro Quijano en el centro de la ciudad donde se concentraban unos 200 comuneros; los policías tomaron fotografías de los asistentes y luego de media hora detuvieron a la abogada Alma Barraza y a Atilano Román, a quien subieron a la patrulla 2193.

Ningún uniformado explicó los motivos de la detención, ni mostraron documentos que avalaran la acción; enseguida se introdujeron al edificio del antiguo hotel Lerma, propiedad de familiares del líder campesino, y arrestaron a otros 30 comuneros.

Horas antes, Atilano Román informó que marcharían durante el desfile del carnaval para denunciar al gobierno del estado por incumplir con el pago de indemnizaciones justas, luego de seis años de lucha de habitantes de seis comunidades afectadas por esta obra hidráulica, entre ellas San Marcos, La Puerta de San Marcos, El Placer, y otras, ubicadas en la zona montañosa de los municipios de Concordia y Mazatlán.

Dijo que el contingente de campesinos ingresaría al carnaval pacíficamente, y al compás de una banda de música repartiría los volantes, en los que denunciaría que los diputados Francisca Corrales y Martín Heredia apoyaron inversiones y obras en terrenos que son propiedad de los comuneros de San Marcos.

En abril de 2012 unos 200 comuneros fueron detenidos cuando realizaron una marcha por la Maxipista Mazatlán-Culiacán, con esta misma exigencia. Veinte aprehendidos, entre ellos algunos dirigentes, fueron consignados por bloquear las vías de comunicación, pero fueron dejados en libertad luego de que un juez federal resolvió que no había delito que perseguir.