Jolotichan, municipio de San Luis Acatlán, Gro., 9 de febrero. Un grupo de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) se apoderó esta mañana de las instalaciones de la casa principal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero-Policía Comunitaria (Crac-pc), con lo que estalló una de las crisis más severas que ha tenido que enfrentar este sistema de justicia en 17 años de exitencia.

La toma se realizó mientras se llevaba a cabo en Jolotichan una asamblea regional de la Crac-pc, a la que asistieron 18 de 26 comunidades de esa zona. La reunión se convocó para designar nuevos coordinadores y comandantes regionales.

En la asamblea se discutió también el problema que representa para la Crac-pc que la Upoeg se haya ostentado como parte de la policía comunitaria en las acciones de autodefensa en la zona de Ayutla, con la instalación de retenes con encapuchados armados que en enero detuvieron a 54 presuntos delincuentes.

Ante esto, se subrayó, la Crac-pc tuvo que deslindarse de las actuaciones de la Upoeg, lo que llevó a que la dirigencia de esta organización –entre quienes están los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio, reconocidos entre los fundadores de la policía comunitaria– lanzara diversas acusaciones, como presunta malversación de fondos, contra los actuales coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, que van de salida.

En varias intervenciones se llamó a evitar las confrontaciones con la Upoeg y sus dirigentes, enfatizando en que lo prioritario para el sistema de justicia comunitario es enfrentar el proyecto de decreto del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de convertir a la policía comunitaria en auxiliar de la seguridad pública, con lo que anularía todas las funciones que actualmente cumple aquélla en la impartición de justicia en 17 municipios de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

Incluso, se planteó que debía pedirse a los dirigentes de la Upoeg que si tienen pruebas de sus acusaciones contra el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Pablo Hernández Guzmán, y el asesor Valentín Hernández, las presenten para enjuiciarlos y si es necesario encarcelarlos.

Uno de los comandantes regionales de la policía comunitaria aseveró: Sabemos el enredo que nos está trayendo la Upoeg en coordinación con el gobierno del estado. Desde el 6 de enero se culpa a la Crac de lo que se hace en Ayutla; no se vale que líderes que en su momento aportaron mucho a la Crac la estén vendiendo con el gobierno, indicó.

No podemos permitir que el proyecto fracasado de seguridad del gobierno nos imponga reglas; ahí están los muertos, los secuestrados, los despedazados y todos los días lo que nos sucede en los pueblos de la Crac desde hace 17 años, remató.

La asamblea acordó integrar una comisión para ir a San Luis Acatlán a invitar a quienes tomaron las instalaciones de la Crac-pc a presentarse a la asamblea para resolver los problemas que los confrontan o asistir a la que está convocada para el 23 de febrero, donde los pueblos mixtecos, tlapanecos y mestizos de la región darán a conocer a quienes eligieron como coordinadores y comandantes regionales.

En tanto, Cirino Plácido Valerio, entrevistado en San Luis Acatlán, aseguró que la irrupción de contingentes en la Casa de Justicia de la Crac “no es una toma de las instalaciones”, sino que busca obligar a realizar una nueva asamblea regional, pues no reconocerán los acuerdos de la que se efectuaba en Jolotichan”.

Eso, detalló, porque originalmente se había convocado para realizarse en Santa Cruz del Rincón, pero se cambió el sitio y se efectuó en Jolotichan. Por eso se integró una comisión para entregar un documento a los comisarios. Les pedimos que vengan a platicar para ponernos de acuerdo... aquí la costumbre es el consenso no la imposición, afirmó.

Rechazó que haya diferencias entre la Crac y la Upoeg. Los pueblos no están divididos. Durante 17 años hemos tenido problemas, pero no nos hemos dividido, dijo, y culpó a Hernández Guzmán y al asesor Valentín Hernández de los problemas surgidos.

En tanto, Abel Barrera, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, presente en la asamblea de la Upoeg en San Luis Acatlán, culpó al gobernador Aguirre Rivero de la división que se presenta en la Crac porque, dijo, no tiene ningún interés en fortalecer los procesos organizativos de los pueblos y las organizaciones indígenas, sino que trata de incidir para que se fragmenten y debiliten.

La Crac, agregó, mostró el fracaso de las políticas del gobierno en el tema de la seguridad y la colusión entre las corporaciones policiacas y el crimen organizado. En lugar de restructurar y depurar a las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad, dijo, se optó por pretender controlar a la Crac y la Upoeg, con un proyecto regresivo que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas.