l encabezar la ceremonia oficial por el centenario de la Marcha de la Lealtad, en el Castillo de Chapultepec, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, realizó una defensa desafortunada del llamado Pacto por México suscrito por las principales fuerzas partidistas del país (PRI, PAN y PRD); dijo, al respecto, que ese compendio de propósitos y reformas legislativas constituye la Marcha de la Lealtad moderna que el país requiere, y si bien reconoció que el escenario político actual implica retos que conllevan disenso y consenso, propios de la pluralidad ideológica, indicó que los actores involucrados en esos ámbitos, como en el pasado, sabrán resolverlos con autodeterminación y lealtad, a partir del interés compartido.

De entrada, las declaraciones referidas dan cuenta de un desarreglo institucional de gran calado que, según puede verse, ha trastocado la interacción entre los ámbitos militar y civil. A juzgar por lo expresado en su alocución, el general Cienfuegos pasa por alto que los objetivos fundamentales de las fuerzas a las que representa son, de acuerdo con la Constitución, salvaguardar el territorio nacional y preservar la soberanía, y que no deben involucrarse en asuntos de índole política, ni mucho menos indicar a las autoridades civiles ni a los representantes populares –quienes son, en última instancia, los que habrán de decidir sobre las reformas incluidas en el Pacto por México– lo que deben o no hacer.

Más allá del aspecto formal, lo expresado por el titular de la Sedena reviste aspectos preocupantes en lo sustantivo, como el hecho de equiparar el referido pacto y su cumplimiento con la Marcha de la Lealtad moderna que el país requiere. Tal afirmación soslaya que la suscripción de dicho acuerdo ha sido objeto de múltiples críticas por parte de actores diversos dentro y fuera del ámbito partidista; que incluso al interior de las fuerzas políticas firmantes la aceptación del mismo no ha sido unívoca y que en el México actual coexisten múltiples voces disidentes que manifiestan posturas críticas a dicho pacto –al cual consideran un arreglo cupular–, e incluso las extienden al conjunto de la institucionalidad política vigente y al funcionamiento de los mecanismos de la democracia representativa. Ninguna de esas expresiones opositoras podría ser considerada, por el solo hecho de serlo, como desleal al país.

Resulta inevitable preguntarse, por lo demás, si la afirmación de que los actores políticos sabrán resolver sus disensos con autodeterminación y lealtad, a partir del interés compartido, no equivale más bien a un llamado a suprimir la discrepancia y la crítica e incluso a imponer los discursos dominantes por sobre las voces disidentes. De ser el caso, ello pondría de manifiesto un faccionalismo inaceptable por parte de las fuerzas armadas. A fin de cuentas, la lealtad de éstas a las instituciones de la República a la que hizo alusión ayer mismo el general Cienfuegos –y que es recurrentemente exaltada, con justa razón, por el discurso oficial– consiste en cumplir con sus responsabilidades constitucionales de preservar la soberanía y la integridad territoriales, en auxiliar a la población en casos de emergencia y en asistir al Ejecutivo federal en forma disciplinada, pero no en transformarse en un actor deliberante en el terreno político, ni mucho menos en respaldar proyectos políticos de gobiernos o partidos en particular.