El Canadá indio se moviliza“Basta de no hacer nada”El 11 de diciembre, Theresa Spence, jefa del pueblo cree de Attawapiskat, en el norte de la provincia de Ontario, “empezó una huelga de hambre para protestar contra las condiciones infrahumanas en que viven los mil 200 habitantes de su comunidad, en particular el hacinamiento inaceptable de las familias en viviendas precarias e insalubres en una región donde las temperaturas bajan hasta 40 grados bajo cero. Esta situación, lejos de ser única en el país, es desgraciadamente común en las reservaciones indígenas, los territorios donde han sido relegados los pueblos indígenas tras la llegada de los europeos. La jefa Spence dijo que solamente pondría fin a su huelga de hambre si el primer ministro Stephen Harper y el gobernador general aceptaban recibirla para discutir de los problemas agudos que azotan a la población indígena”, escribió el lúcido antropólogo canadiense Pierre Beaucage (Alai Amlatina, 11 de enero). No obstante, el 24 de enero Theresa Spence puso fin a su huelga de hambre tras 44 días y fue hospitalizada para que la revisaran y pudiera recuperarse del ayuno. La jefa Spence terminó la huelga cuando los dos principales partidos de la oposición, el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (npd) y el Liberal (pl), acordaron defender las principales reivindicaciones indígenas ante el gobierno.
Cuando comenzó el ayuno de Spence, cuenta Pierre Beaucage, “el gobierno federal canadiense, que tiene jurisdicción sobre el millón de indígenas del país, declaró que los problemas en Attawapiskat provienen de una ‘mala administración de los fondos’. Pocos meses antes, la mayoría conservadora en el parlamento forzó la adopción de las leyes 38 y 45, leyes ‘mamut’ que incluyen una limitación sin precedentes de los derechos indígenas sobre sus territorios y sus aguas frente a las empresas que explotan los recursos forestales, hidráulicos, mineros e hidrocarburíferos (petróleo y gas)”. “Antes de la Ley 45, por ejemplo”, dice Winona Laduke en Yes Magazine, “2 millones 600 mil ríos, lagos y una buena porción de las costas de tres océanos de Canadá se hallaban protegidos bajo la Ley de Aguas Navegables. Ahora sólo ochenta y siete están protegidos”. Y Beaucage recalca: “La huelga de hambre de Theresa Spence fue la chispa que encendió un descontento indígena creciente frente a las políticas neoliberales del gobierno federal. En todo el país surgió un movimiento de apoyo a sus demandas y de repudio a la actitud gubernamental. Sonaron los tambores indios en las comunidades remotas, en las grandes ciudades y en la capital, Ottawa. Había nacido el movimiento Idle No More (“Basta de no hacer nada”), que agrupa a indígenas de las zonas rurales y a muchos que residen en las ciudades, en particular a los jóvenes. Otros canadienses, preocupados por los derechos humanos y el ambiente, se sumaron a la protesta”. Pero Laduke apunta: “el primer Ministro Harper está apostando a la promoción de la minería y el crudo procedente de arenas bituminosas [muy difícil de obtener y cuyo proceso es muy contaminante]”. Comenzaron cientos bloqueos por todo Ontario, atravesando camionetas en las vías del tren y en las carreteras —alterando el tráfico de fin de semana. “El centro de la controversia es el ducto Northern Gateway Pipeline, con un costo de 6 mil millones de dólares, que traerá el producto de las arenas bituminosas de Alberta al Pacífico. El oleoducto cruzará más de cuarenta naciones nativas, todas las cuales ya expresaron su oposición”. El corazón de la protesta entonces son los cambios legislativos que le ponen en bandeja de plata a las empresas nuevos instrumentos jurídicos que impiden que los indígenas puedan defender legalmente sus núcleos territoriales. Por eso protestan. Otro aspecto de la crisis, no muy conocido en el exterior de Canadá, es que las mineras canadienses que tanto estrago ocasionan en todo el mundo no se quedan atrás en su devastación del norte canadiense —sobre todo los territorios indígenas. DeBeers, por ejemplo, es la empresa de diamantes más grande del mundo. En la región donde funciona, la infraestructura para las comunidades es prácticamente nula. “No hay camino a la comunidad ocho meses por año y los otros cuatro está congelado”, dice Laduke. Los problemas de combustible son perennes y algunas comunidades han tenido que ser evacuadas debido a los tremendos problemas de salud, dado que incluso tienen que importar agua. Y la sobrecarga de los sistemas de drenaje regionales a causa de las actividades mineras es escandaloso. DeBeers afirma que repartió beneficios a ocho comunidades indígenas por más de 5 millones de dólares en 2010. Pero sus ventas, tras aumentar año con año 33 por ciento, llegaron ese año a 3 mil 500 millones de dólares. Casi 700 veces más. Y ningún presupuesto alcanza cuando se agravan las condiciones estructurales de deterioro. “En Kashechewan, el jefe y el consejo están a punto de cerrar una oficina, dos escuelas y un centro de generación de energía, la clínica de salud y el cuartel de bomberos porque sin calefacción ya no pueden operar con medidas de seguridad”, reporta Laduke. “Además”, según el jefe Derek Stephen, “hay unas 21 casas inhabitables, pues sus sótanos se inundaron”. “Basta de no hacer nada” es una respuesta a lo que un representante del movimiento, Thomas Muller, llama “el gobierno de extrema derecha de Harper”, que intenta vender la riqueza natural de los indígenas canadienses del norte a los postores más grandes en el mercado de las multinacionales. “La famosa ley 45 resultó una aplanadora que finiquitó treinta años de legislación ambiental, y que fue aprobada en el senado por mayoría”, afirma Laduke. Aparte de aprobarse sin consulta, las nuevas leyes infringen los derechos a la propiedad indígena de la tierra y desprotegen prácticamente todos los cuerpos de agua y el medio ambiente. “Ya que la economía canadiense se mueve hacia una explotación sin miramientos de los recursos naturales a una velocidad alarmante, y que Canadá se convirtió en líder mundial en gases con efecto de invernadero, en la fracturación de rocas bombeando fluidos en las grietas para abrir los terrenos a las profundidades, y en la inyección de cianuro a las otrora aguas prístinas para prepararle el terreno a la exploración minera, leyes así son muy convenientes a las empresas aunque se violen las leyes ambientales y los tratados internacionales, incluidos los indígenas”. “Basta de no hacer nada” es una primera respuesta. Vendrán más. (Ojarasca) |
