Para las elecciones del próximo 17 de febrero en Ecuador se presentan ocho organizaciones políticas, con bases muy diferentes. La primera es el Movimiento Alianza País, (Patria Altiva y Soberana), actualmente en el poder. Producto de un acuerdo de varios movimientos y fuerzas políticas –constituido en 2006–, relativo a un programa de transformación social y económica.

Sin embargo, con el tiempo ese acuerdo perdió una parte de sus componentes; es el caso de Ruptura de los 25 y de sus apoyos, como la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), de los ecologistas ,y además el de personajes como Alberto Acosta, Diego Borja, Gustavo Darquea, Betty Amores y Gustavo Larrea, entre otros. Rafael Correa es el candidato a la presidencia, y Jorge Glas, ex ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, renunció al ministerio coordinador de los sectores estratégicos para postularse a la vicepresidencia. Su nombramiento suscitó reacciones negativas dentro del movimiento. Rafael Correa pidió una suspensión del ejercicio de la presidencia para dedicarse a la campaña electoral.

El vicepresidente, Lenin Moreno, realizó programas muy exitosos en favor de los discapacitados, siendo él mismo uno de ellos. Su labor es apreciada por toda la sociedad ecuatoriana y él ha tenido reconocimiento internacional. No se presentó en el binomio de Alianza País para la contienda de este año, pero trabajará a escala latinoamericana.

El Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero lleva de candidato a Lucio Gutiérrez, militar y ex presidente; oficialmente de orientación centroizquierda, pero que traicionó y decepcionó al movimiento indígena y a los movimientos sociales que lo habían apoyado; en la praxis del poder devino en fiel aliado de Estados Unidos. Gutiérrez no pudo terminar su mandato, fue destituido en abril de 2005, luego de dos años de gobierno, por la irrupción de la lucha de los forajidos.

El Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) lleva a Álvaro Noboa como abanderado a la presidencia. Representante de la oligarquía bananera, Noboa ha competido cinco veces por el cargo. En 2006, cuando triunfó Rafael Correa, obtuvo 23 por ciento de los votos. En esa oportunidad, y por segunda ocasión, fue junto con su esposa, Anabella Azin, como abanderada a la vicepresidencia.

El Movimiento Creando Oportunidades (Creo) representa la nueva derecha, moderna y neoliberal, bastante similar a la orientación de Capriles en Venezuela. Su candidato es Guillermo Lasso, banquero y ex presidente del Banco de Guayaquil. Para competir por la vicepresidencia había escogido a Auki Tituaña, actor político indígena, quien ante tal situación inmediatamente fue expulsado de la Conaie. Luego renunció y fue reemplazado por Juan Carlos Solines, proveniente de la agrupación Concertación Política, de Cesar Montúfar.

Unidad Plurinacional de Izquierdas es el fruto de una alianza de izquierda entre el Movimiento Popular Democrático (MPD), el Movimiento Pachakutik y varias agrupaciones opuestas a las políticas de Correa. Entre ellos se encuentran el Movimiento Montecristi Vive (nombre escogido por ser el lugar donde se elaboró la nueva constitución), cuyo líder principal es Alberto Acosta; Red Ética y Democrática (RED); Poder Popular, Participación, y Socialismo Revolucionario.

Pachakutik fue constituido en 1996 por dirigentes indígenas y varias fuerzas políticas. El MPD mantuvo durante décadas una importante influencia en las universidades, en la Unión Nacional de Educadores (UNE) y en el movimiento estudiantil, que opta a veces por acciones violentas y en otras por alianzas oportunistas. Actualmente el MPD ha perdido protagonismo tanto en las universidades como en la UNE.

Esta formación política se presenta como la nueva izquierda y cuenta con el apoyo del movimiento indígena, de los ecologistas y de algunos intelectuales decepcionados por la política vigente. Su candidato presidencial es Alberto Acosta, economista, que estudió en Alemania, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex ministro de Minas en el gobierno de Correa. Su ruptura con este último se produjo al término de la preparación del texto constitucional, cuando Acosta pidió más tiempo para debatir la nueva carta política, y que el presidente rechazó; sin embargo, las principales divergencias se manifiestan a propósito del modelo de desarrollo. Acosta es un reconocido intelectual, profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). La candidata a vicepresidenta es Marcia Caicedo, abogada afrodescendiente y ex miembro del Consejo Nacional Electoral.

El Movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA), de orientación ecologista, lleva de candidatos a la presidencia a Mauricio Rodas y a Inés Manzano a la vicepresidencia.

El Movimiento Ruptura de los 25 fue miembro de Alianza País cuando aún era un grupo. Fundado por jóvenes de clase media, rompió con Alianza País con motivo del referendo implicando algunos cambios constitucionales. Presenta a Norman Wray como aspirante a la presidencia y a Ángela Mendoza para vicepresidenta.

El Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), en referencia al presidente Roldós, fallecido en un supuesto accidente aéreo, el cual se cree que fue provocado por la CIA, por ser un nacionalista de centroizquierda, presentó en un primer momento como abanderado al ex presidente Abdalá Bucaram, destitui- do luego de seis meses en el poder y actualmente exiliado en Panamá, acusado de corrupción. Como su candidatura fue rechazada por la Comisión Electoral, presentó un nuevo binomio con Nelson Zavala –pastor protestante– como aspirante presidencial.

En un sondeo realizado en octubre pasado –antes de la apertura oficial de la campaña electoral–, la mitad de los entrevistados se declararon indecisos. Sobre los que tenían una opción, 44 por ciento se pronunció en favor de Correa y 18 por ciento por Lasso. En tanto, 7 por ciento apoyaron a Acosta y Gutiérrez. Noboa recibió 2 por ciento. El resto de candidatos prácticamente no obtuvo apoyo. En Ecuador hay segunda vuelta de elecciones, si en la primera ningún aspirante supera 50 por ciento de sufragios. Sin embargo, es muy probable que Rafael Correa gane desde la primera, porque tiene apoyo mayoritario en un país con una situación económica favorable en los últimos años y donde las políticas sociales han favorecido a gran número de ciudadanos.

La trayectoria política del presidente actual

Nacido en Guayaquil, en 1963, Rafael Correa formó parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil interesados en la doctrina social de la Iglesia. Después de su graduación en economía pasó un año –junto a misioneros salesianos– en Zumbahua, comunidad indígena kichwa situada en una región montañosa de la Sierra Centro. Cursó su maestría en economía en la Universidad Católica de Lovaina, donde fue presidente del Círculo de Estudiantes Extranjeros. Se casó con la belga Anne Malherbe. Se doctoró en economía en la Universidad de Illinois en Madison, Estados Unidos. Fue catedrático en la Universidad San Francisco de Quito, institución privada muy elitista.

Cuando fue destituido Lucio Gutiérrez, su sucesor, Alfredo Palacios, quien era vicepresidente, llamó a Rafael Correa para ocupar el cargo de ministro de Finanzas. En tres meses de labor, Correa empezó reformas importantes, opuestas a las orientaciones del Banco Mundial y del FMI, y en 2006 se presentó a las elecciones presidenciales. No tenía un pasado político, pero después de casi una década de inestabilidad en el país parecía ser una persona capaz de corregir esa situación. En la segunda vuelta le ganó al oligarca Álvaro Noboa. Luego, en los comicios de 2007 para la Asamblea Constituyente, Alianza País obtuvo 80 de los 130 escaños. En 2008, en el plebiscito para aprobar la nueva Constitución, recibió la aprobación con 63 por ciento de votos. En 2009 fue relecto presidente con 51.99 por ciento de sufragios.

En septiembre de 2010, una rebelión en la policía –con rasgos de golpe de Estado– casi le costó la vida. En 2011, una consulta popular sobre 10 puntos, que proponía desde el seguro social obligatorio y cambios radicales en el Poder Judicial, hasta la eliminación de las corridas de toros, dio distintos resultados –dependiendo de las regiones– y, al final, una muy justa mayoría.

Correa afirma que la inspiración de la revolución ciudadana proviene de Eloy Alfaro, gestor de una revolución liberal a principios del siglo XX, quien fue asesinado por las fuerzas reaccionarias. Su visión política considera que después del periodo neoliberal se debe reconstruir el Estado y rehacer la ciudadanía. Posee un discurso fuerte y permanente, apoyado por una comunicación intensiva en la prensa y en la televisión. Cada sábado da cuenta de su trabajo de la semana. Para llevar a cabo su proyecto político tuvo que hacer una serie de reformas, como en el corrupto sector justicia, que requería cambios profundos. Para evaluar ese proceso solicitó la colaboración del juez Baltasar Garzón. Sus críticos lo acusan de utilizar la reforma para controlar el sistema judicial.

En tanto, la educación en los niveles de primaria y secundaria ha obtenido un importante desarrollo cuantitativo, aun si desde un punto de vista cualitativo existen muchas deficiencias, en parte debidas a las reformas mismas. En la enseñanza superior se requería también un cambio. El número de estudiantes –más de 200 mil– había aumentado mucho, además de que había 49 facultades de derecho y 60 mil abogados, y la corrupción tampoco estaba ausente en esa área. La reforma educativa se inspiró en parte en las medidas de Bolonia, es decir, con una perspectiva tecnócrata y reglas de eficacia de tipo empresarial, por lo que es criticada en los medios universitarios. La concepción centralizadora del Estado condujo también a reintegrar la Dirección Nacional de Educación Bilingüe (kichwa y español) en el ministerio nacional, cuando había tenido, desde su creación en 1988, un estatuto autónomo.

La reforma tributaria se destinó a hacer pagar a los más ricos, que, como en el resto del continente, no cubren impuestos o, en el mejor de los casos, pagaban muy poco. Dada esta nueva política fiscal, se duplicaron los ingresos del Estado. Esta medida provocó reacciones moderadas en los sectores más ricos, debido a la buena coyuntura económica del país y del continente en general, gracias al aumento de los precios de las materias primas y los productos agrícolas de exportación. El alza de precios internacionales produjo un aumento considerable de las ganancias del sector exportador tradicional (plátano, cacao, café), de los bancos y los grandes comerciantes, y benefició indirectamente la industria local, todavía en proceso de desarrollo.

El cambio en las disposiciones sobre los medios suscitó grandes controversias. Como en el resto de América Latina (y más en otros lugares), la prensa y la televisión están en manos del capital financiero o comercial, sin embargo, se denomina prensa libre e independiente. En Ecuador, las nuevas disposiciones prevén que ningún poder económico, financiero ni productivo puede ser propietario de medios de comunicación. Se trata realmente de restablecer la libertad de prensa. No obstante, la manera en que actuó Correa contra la llamada prensa corrupta ha tenido un efecto no esperado. Durante el juicio, él pidió una compensación de 80 millones dólares al diario El Universo por acusaciones falsas en su contra, y un millón a cada uno de los dos periodistas que publicaron un libro (El gran hermano) atacando los negocios de su hermano con el sector público. La justicia condenó al periódico, pero redujo la suma a 40 millones, y confirmó la multa de los dos periodistas. Las reacciones internacionales fueron fuertes, y una medida en sí correcta se transformó en un problema mediático. Incluso intervinieron algunos ex jefes de Estado (Clinton, Cardoso). El presidente Correa perdonó. Tal vez si él hubiera pedido un dólar como compensación moral, la cosa habría sido diferente.

El principal desafío social del país es la pobreza, sostiene Correa con razón. Por eso, tomó muchas medidas. El aumento de los impuestos permite al Estado ofrecer mejor acceso a la salud y a la educación. Se aumentó el salario mínimo y se disminuyó la retribución del capital (de 24/25 a 8/9 por ciento). Se conceden Bonos de Desarrollo Humano por 35 dólares mensuales a más de un millón 200 mil personas pobres. Este programa, mínimo frente a lo que significa la pobreza real, pero importante en los casos extremos, corresponde de hecho a una lógica asistencial (necesaria en situaciones de emergencia) que, sin embargo, no produce actores sociales, sino más clientes del Estado.

Cuando el candidato Guillermo Lasso afirmó que de ser electo presidente incrementaría el bono a 50 dólares, utilizando el dinero gastado por el gobierno actual en publicidad y propaganda, Correa contestó que a partir del primero de enero de 2013 el bono se incrementaría a 50 dólares. Para financiarlo envió a la Asamblea –con carácter urgente– un proyecto de ley mediante el cual se trata de equiparar el impuesto a la renta al mismo nivel nacional (23 por ciento). Actualmente los bancos pagan únicamente 15 por ciento. La ley fue aprobada en diciembre 2012. La pobreza disminuyó durante la presidencia de Correa, pero poco dentro de la población indígena. Gracias a la coyuntura internacional y a ciertas políticas del gobierno, la previsión de crecimiento del PIB para 2013 es de 5.4 por ciento y el desempleo no sobrepasa 5 por ciento.

Una parte importante de los ingresos del Estado proviene de los recursos naturales, en especial del petróleo. Pero esta fuente de recursos, que ha sido alta en los últimos años, no va a perdurar. En Ecuador, el petróleo está en su nivel máximo de explotación y dentro de 20 años estará agotado. De ahí la preocupación de Correa de encontrar un sustituto en la minería. Se trata de explotación a cielo abierto, forma necesaria actualmente para extraer las reservas de minerales siempre más reducidas, pero que conlleva perjuicios ecológicos y sociales, observados en todo el mundo. La Asamblea aprobó una ley en la materia que permite la entrada de las multinacionales, imponiendo condiciones de explotación. El gobierno envió al ejército para destruir las minas artesanales, que trabajaban en pésimas condiciones ecológicas y sociales.

Escena durante un mitin de Rafael Correa en Zumbahua, comunidad kichwa, donde el presidente pasó un año junto a misioneros salesianos, luego de su graduación como economista en la Universidad Católica de Santiago de GuayaquilFoto Reuters

Frente a las resistencias contra las concesiones a corporaciones extranjeras, la mayoría, canadienses y chinas, se creó la legislación antiterrorista; varios líderes indígenas fueron arrestados y encarcelados. Correa sostiene que Ecuador no puede quedarse sentado como un mendigo sobre una bolsa de oro. Estos recursos son necesarios para luchar contra la pobreza. La tecnología actual permite una explotación más limpia: si explotamos cuidadosamente los recursos naturales eso puede también beneficiar el entorno natural, señala.

Según él, hay muchas otras causas de destrucción de la naturaleza, como la falta de energía, que obliga a cortar árboles, y las aguas negras de Quito, que contaminan el río Machángara. En cambio –señala–, los recursos de las minas permitirían dar solución a estos problemas. “Es una locura decir no a la explotación de los recursos naturales, lo que propone una parte de la izquierda… Eso es una izquierda infantil, que solamente puede legitimar la derecha”, dice.

Sin embargo, los campesinos, en particular los indígenas que habitan las regiones mineras, temen las consecuencias: falta de agua, contaminación, enorme cantidad de desechos, expulsión de comunidades. En varios casos ya se han opuesto a los proyectos cerrando carreteras. Por su parte, la ley prevé compensaciones para las comunidades y una participación en las regalías. Por eso ciertos líderes indígenas no se oponen y las comunidades se dividen. Se vislumbran conflictos, como en todo el continente, desde México hasta la Patagonia, en los meses que vienen. La experiencia de otros países y otros continentes (Filipinas, Congo, etcétera) evidencia el no respeto de las empresas mineras a las reglas de protección y el uso de su enorme poder técnico, económico y político para burlar las leyes locales.

Al mismo tiempo, Correa defiende la no utilización del petróleo del parque nacional del Yasuní. Una reserva muy importante se encuentra en esta región de alta biodiversidad, habitada por pueblos indígenas. Cuando era ministro de Minas, Alberto Acosta defendió esta idea que a cambio pide una intervención financiera de la comunidad internacional, por la mitad de la ganancia que habría obtenido la explotación del crudo. Es evidentemente una batalla dura y no ganada. Sin embargo, ya existe un plan B de explotación.

La referencia al Sumak Kawsay (Buen Vivir) es constante. La Constitución introdujo este concepto como eje transversal. Es tomado en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2013). El mismo presidente se refiere regularmente al Buen Vivir. Sin embargo, las aplicaciones muchas veces parecen contradecir el contenido, porque se utiliza para cualquier cosa: por ejemplo, cada nueva carretera significa Buen Vivir.

Por eso, es necesario conocer más de cerca la concepción de desarrollo que tiene Correa para la modernización del país. Se trata de varios elementos, como la construcción de una nueva red de carreteras, lo que de verdad es impresionante en un Ecuador de tantas montañas; el paso de la minería artesanal a la industrial aumentará las riquezas del país; la agroenergía en monocultivos y la construcción de importantes represas, que permitirán el remplazo del petróleo y el uso de transgénicos posibilitará el incremento de la productividad agrícola (el presidente sugiere una modificación en la Constitución, porque lo prohíbe). Yachay (sabiduría en kichwa), una nueva universidad concebida como ciudad del conocimiento y de la tecnología, permitirá la formación de especialistas en saberes de punta. En suma, se trata de una visión bastante tecnócrata del desarrollo y que no toma muy en cuenta las externalidades; es decir, los costos de este modelo, tanto ecológicos como culturales. La agricultura campesina, por ejemplo, no entra en esta perspectiva. La preocupación cultural se manifiesta principalmente en una política de defensa del patrimonio, eficaz y muy útil para construir la memoria de la nación, pero que constituye una parte solamente de la cultura.

En el discurso de Correa, el socialismo del siglo XXI es la definición del modelo que propone, es decir, la modernización del país, junto con una preocupación por la justicia social. Esto se realizará por etapas y, según él, recién se ha comenzado. Sin embargo, todavía no se ha salido del capitalismo. El modelo de acumulación no se ha cambiado, afirma el presidente. Para seguir adelante, pide un nuevo mandato. Sin embargo, la cuestión teórica es saber si este modelo realmente significa a largo plazo la búsqueda de un nuevo paradigma poscapitalista o si implica solamente la adaptación del sistema existente a nuevas demandas.

Por esta razón se produjeron varios conflictos, no solamente con una derecha que no quiere perder sus privilegios, sino también con el movimiento indígena, los ambientalistas y algunos intelectuales, calificados de infantiles por el presidente. Desde el principio, Correa ha considerado a los indígenas únicamente como ciudadanos, como campesinos, como pobres, pero no como pueblos, a pesar de que la Constitución reconoce que el Estado es plurinacional. Esto es la base de un profundo conflicto, que terminó en una ruptura con la Conaie. Los indígenas, que constituyen aproximadamente 30 por ciento de la población, están divididos políticamente, al par de otros grupos de la sociedad ecuatoriana. Como el poder político utiliza estas divisiones, el movimiento indígena ha perdido parte de su fuerza original. Por otra parte, algunos elementos radicales no facilitan la tarea de la Conaie. El partido Pachakutik ha manifestado cierta ingenuidad o imprudencia política, especialmente en el tiempo de la presidencia de Lucio Gutiérrez. La interculturalidad promovida oficialmente parece ser más una integración de todos en una modernidad clásica no criticada, que un diálogo entre culturas de igual derecho.

La defensa del entorno natural, con la introducción en la Constitución de la noción de derechos de la naturaleza, también es fuente de conflicto, especialmente alrededor de las minas y de la ley del agua. Si la protección de la Madre Tierra es un elemento primordial, reconocida oficialmente (basta referirse al discurso de Correa en la Conferencia de Naciones Unidas Río + 20), se debe admitir que las prácticas no son coherentes. La argumentación de los defensores de la naturaleza no siempre convence (como definir los derechos de la naturaleza, noción inscrita en la Constitución) y en ocasiones no escapa a lo que algunos llaman de manera peyorativa el pachamamismo. Sin embargo, la cuestión es demasiado importante para ser ignorada, aun dentro de una política que se define de modernización y exige la definición de otro paradigma.

Al lado de estos conflictos de fondo, existen otros secundarios; por ejemplo con los componentes disidentes de Alianza País, lo que podía impedir la obtención de la mayoría en la próxima Asamblea. El estilo de Correa, hombre dinámico, muy dedicado y que interviene en todos los detalles de la vida política, también es objeto de críticas, en especial cuando insulta a sus adversarios o a quienes lo contradicen.

En el plano internacional, su actuación obtiene mayor aprobación. Se mostró firme con Estados Unidos, no renovando el acuerdo para mantener la base aérea de Manta, retirando a todos los militares de la nueva versión de la Escuela de las Américas y expulsando a su embajadora después de las revelaciones de Wikileaks. Asimismo, criticó fuertemente las políticas del Banco Mundial y del FMI, y condenó la exclusión de Cuba en la Organización de Estados Americanos. También renegoció la deuda externa, con lo que ahorró al país millones de dólares. Hasta ahora se opuso a la arrogancia europea en las discusiones sobre los intercambios comerciales. Fue uno de los mejores artesanos de la nueva integración latinoamericana, con la propuesta del sucre como moneda de intercambio, con el Unasur, que tiene su sede en Quito, con el Alba y la Celac. Él dio asilo a Assange. En la cumbre iberoamericana de Cádiz expresó claramente su rechazo a las políticas procíclicas europeas para salir de la crisis y condenó los ataques de Israel a Gaza.

Perspectivas de futuro político

No se puede hablar de futuro en la sociedad ecuatoriana sin reflexionar más allá y de manera dialéctica sobre el contexto económico y social del proyecto político. Una primera constatación es que la estructura de clases y las distancias sociales no cambiaron de manera significativa. Por una parte es normal, porque un cambio tal es cuestión de medio o largo plazos. Por otra parte, el proceso mismo provocó varias consecuencias: se ha desarrollado una burguesía moderna, aprovechando la coyuntura favorable a escala mundial, y una parte de la oligarquía tradicional se inscribió también en esta línea. Sin embargo, aun si esta clase tuvo serias ventajas durante los últimos años, le tiene miedo al futuro, pues no sabe si el socialismo del siglo XXI será una realidad o solamente un concepto socialdemócrata, que ellos podrían aceptar.

Un resultado palpable, tanto de la coyuntura global (el boom petrolero) como de la política de Alianza País, es el aumento de la clase media. Según un informe del Banco Mundial, representa 34 por ciento de la población ecuatoriana, contra 30 por ciento a escala continental. Evidentemente, este concepto es socialmente ambiguo, porque se basa más sobre la posibilidad de consumo que sobre la pertenencia de clase. En parte, el fenómeno se atribuye al mejoramiento de la cobertura en la seguridad social. Esta clase, variada en su constitución, se desarrolla particularmente en el sector de los servicios. Tiene un nivel de consumo con nuevas aspiraciones, que se satisfacen en gran parte por la importación de bienes extranjeros.

Políticamente, esta clase media está dividida. En parte, pertenece a los antiguos partidos tradicionales, pero es minoría. Otra parte apoya al gobierno de Correa, especialmente el sector que en los últimos años ha podido acceder a ella desde abajo, y, finalmente, otra parte, sobre todo los trabajadores a cuenta propia, teme al futuro, debido a la política fiscal del gobierno. Los sindicatos de empleados públicos (gobierno, maestros) de larga tradición se oponen generalmente al proyecto de Alianza País, porque sus análisis son más elaborados, pero por ahora son minoritarios en el campo político. El gobierno favoreció la creación de un sindicato progubernamental. En conclusión, se puede pensar que la mayoría de la clase media votará por Rafael Correa este año.

Las clases subalternas: proletariado urbano (minoritario) y rural, pequeños campesinos, miembros de comunidades indígenas, que reciben el Bono que les ha permitido mitigar la pobreza más aguda, tienen la esperanza de que el proyecto político de Alianza País continuará mejorando sus destinos. Una parte de los indígenas se encuentran en esta posición, a pesar de las orientaciones opositoras del movimiento nativo, debido al escaso respeto hacia su identidad y a sus derechos colectivos. Esto explica, en parte, el relativo decrecimiento del movimiento de este sector. La participación de algunos indígenas en la burguesía moderna, la integración urbana de otros en la clase media son también elementos explicativos. El voto de este sector estará divido. En conclusión, se puede decir que Correa ganará el sufragio del pueblo no-organizado, no del organizado. Como éste se ha reducido y el gobierno está utilizando varios métodos de cooptación y de marginalización de las organizaciones, como de concentración del poder, su peso electoral no será considerable.

A pesar de un discurso a menudo diferente, el proyecto de Alianza País no sale del modelo modernizador clásico que caracterizó al capitalismo y al socialismo real (que ha tenido que aprender a caminar con las piernas del capitalismo, como decía el antropólogo francés Maurice Godelier), lo que provoca las reacciones de los ambientalistas, de los indígenas más política y socialmente conscientes y de una parte de la intelligentsia. Sin embargo, como estas categorías son minoritarias, su impacto político queda limitado.

La coalición política de la nueva izquierda es bastante heterogénea. Es difícil saber si podrá presentar una solución alternativa. De todas maneras, no tiene posibilidad de ganar la presidencia.

Se puede pensar que, a menos que se presenten circunstancias excepcionales, Correa ganará en la primera vuelta, porque dispone de una base social importante y del aparato del Estado. Si hay segunda vuelta, el 7 de abril la confrontación será con la derecha moderna, no con la nueva izquierda.

*Profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Texto elaborado sobre la base de un trabajo preparado para la revista Lateinamerika Anders, de Viena