El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto para exigirle que cancele las concesiones mineras en dicha zona, pues de no hacerlo pondría en riesgo no sólo el equilibrio ambiental de la región, sino la supervivencia misma de los pueblos indígenas que ahí habitan.

En conferencia de prensa, Aniceto Torres Robles y Octaviano Díaz Chema, representantes de las comunidades de Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Sebastián Teponahuaxtlán, afirmaron que la misiva busca recordarle al mandatario que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –en su recomendación 56/2012– ya pidió cancelar las concesiones mineras en Wirikuta.

Por tal razón, las comunidades indígenas reiteraron su exigencia de que también sean clausurados los trabajos agroindustriales que perjudican la tierra y el agua, y que se inscriba a su zona ceremonial como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en vez de sólo como patrimonio inmaterial.

Asimismo, solicitaron que el proyecto de decreto para hacer de Wirikuta una reserva de la biosfera –actualmente detenido a causa del amparo interpuesto por ejidatarios de la región– debe tener un enfoque biocultural, que parta del reconocimiento pleno de los derechos y la cultura indígenas y prohíba cualquier actividad minera.

A propósito del mencionado amparo, los representantes wixárikas pidieron detener la campaña de odio y desinformación lanzada por el gobierno municipal de Catorce y la empresa minera First Majestic Silver, quienes han dicho sin ningún sustento que los ejidatarios serán perjudicados por la reserva de la biosfera o que los indígenas quieren quitarles sus tierras.

Tunuary Chávez González, coordinador de la mesa ambiental del Frente en Defensa de Wirikuta, subrayó por su parte que un grupo de investigadores universitarios realizó un estudio con pruebas científicas suficientes para asegurar que la mina afectaría a los acuíferos que abastecen de agua a la zona, donde se concentra buena parte de la biodiversidad de ese sistema desértico.

Al menos 13 comunidades –entre ellas San Juan de Matanzas, Vigas de Coronado, Poblazón, Catorce y El Mastranto– sufrirían una escasez inmediata, debido a un proyecto que sólo ofrece 166 empleos para un universo de 3 mil 110 habitantes, subrayó el activista.

Representantes del movimiento estudiantil #YoSoy132 acudieron a manifestar su apoyo a la lucha de las comunidades wixárikas y reconocieron su esfuerzo contra la venta del territorio nacional a las compañías mineras.