El Congreso recibirá este año las iniciativas de ley de reparación del daño y reglamentarias del artículo 29 constitucional sobre la suspensión de garantías y del artículo 33 constitucional para normar y acotar la expulsión de extranjeros, así como de reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de adecuarla a la reciente modificación a la Carta Magna en la materia. Se impulsarán además cambios a las constituciones locales y al estatuto del Gobierno del Distrito Federal, también en el ámbito de esas garantías.

Tales iniciativas, más una relativa al uso legítimo de la fuerza pública y otra para prevenir y sancionar con eficacia los actos de tortura y la desaparición forzada de personas, fueron anunciadas ayer por el presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia donde se presentó el informe de 2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En Los Pinos, el titular del Ejecutivo, como ha dicho recientemente respecto de otras materias, admitió el gran desafío a la democracia mexicana de satisfacer las necesidades más elementales de la sociedad. El Estado aún tiene un largo camino que recorrer para universalizar el goce efectivo de los derechos humanos, indicó.

Tras la exposición del titular de la CNDH, Raúl Plascencia, para señalar al abuso de poder, la falta de acciones, la negligencia o la arbitrariedad de cualquier servidor público como actos éticamente reprobables, que lastiman a la víctima, a las instituciones del Estado y al proyecto de nación, el presidente Peña resaltó el interés de esta administración por armonizar la agenda de seguridad y justicia con la de los derechos humanos.

Enumeró las acciones adoptadas en esta naciente administración federal para acreditar su compromiso con los derechos humanos. Resaltó un programa nacional en la materia, la elaboración de protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad del país y la instrucción de depurar y restructurar el Instituto Nacional de Migración.

Asimismo, se refirió a la instrumentación de una política pública en materia de personas no localizadas donde se contemple una base de datos de información genética, protocolos de búsqueda y fuerzas de tarea especializada.

La Secretaría de Gobernación, agregó, ya trabaja para instituir el programa integral para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

Además de los consejeros de la CNDH, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de representantes de organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, asistieron los embajadores de Noruega, Arne Aasheim; Marruecos, Abderrahman Leibek, y Estados Unidos, Anthony Wayne.

En su intervención, básicamente con los mismos elementos expuestos ante legisladores, Raúl Plascencia puso de relieve los enfrentamientos constantes entre las autoridades del orden con las bandas delictivas y entre éstas con otros grupos de la delincuencia organizada como la principal causa de muertes violentas en México.

Eso suscitó que 34 personas ajenas a los hechos perdieran la vida y tales eventos impactaron negativamente el ejercicio de los derechos humanos.

Pormenorizó la percepción de la CNDH en temas como las prácticas de autodefensa –presente ahora en comunidades de Guerrero– y señaló que la vía segura para recobrar la paz y la tranquilidad en las zonas donde el crimen ha proliferado es con fuerzas de seguridad pública profesionales, regidas bajo estrictos controles de honestidad, rectitud y ética.

Además de abordar el tema de las garantías en el ámbito de las mujeres, los migrantes, los indígenas, las prisiones y la trata de personas, el ombudsman también se refirió a la no aceptación recurrente de las recomendaciones por parte de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, y de manera específica abordó el tema de los periodistas y de los defensores de derechos humanos.

En 2012, dijo, ambos grupos continuaron desempeñando su labor en un ambiente adverso. Hizo entonces un llamado a erradicar la impunidad y realizar acciones contundentes que garanticen las condiciones de seguridad y prevención. Para unos y otros pidió investigaciones eficaces en los casos denunciados y garantizar el ejercicio de su actividad sin coacción ni amenazas.

Finalmente, Peña Nieto reiteró su compromiso por hacer realidad los derechos humanos que reconoce la Constitución y lograr así una sociedad de garantías.