Madrid, 7 de febrero. Más de un millón de personas exigieron vía Internet la renuncia del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, así como la del resto de la cúpula del Partido Popular (PP) por los cargos de corrupción que enfrentan, al responder a una convocatoria lanzada por un ciudadano la semana pasada.

La actualidad política española está condicionada por los numerosos y graves casos de corrupción, entre los que destacan el caso Gürtel y sus tres ramificaciones en Madrid, Valencia e Islas Baleares, en el que se investiga una amplia red de corrupción tejida durante décadas entre importantes empresarios de la construcción con los máximos dirigentes del PP y de gobiernos autonómicos y municipales.

Otro caso afecta también a la cúpula del PP y al propio gobierno español, al estar implicado el presidente Rajoy. El escándalo surgió a raíz del procesamiento del ex tesorero Luis Bárcenas, quien, según los indicios, llevaba una contabilidad paralela de las donaciones al partido, desde la cual pagaba sobresueldos a los principales dirigentes del partido, incluido el mandatario y varios ministros.

Por último, el caso en el que se investiga al yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdandarin, por diversos delitos como desvío de recursos públicos, falsear documentos y evasión fiscal, además de que se calcula que podría haber obtenido fondos de forma ilegal por más de 15 millones de euros.

En este escenario surgió la iniciativa del ciudadano Pablo Gallego, de reunir firmas para exigir la dimisión de Rajoy y la cúpula del PP.

La petición, que se puso en marcha en la plataforma virtual change.org, superó el millón de personas desde el 31 de enero, mismo día en que el diario El País publicó documentos que demostrarían la contabilidad oculta en el PP.

La presión social llevó al fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, a garantizar a la ciudadanía que se va a llegar hasta el final para esclarecer la presunta contabilidad paralela en el PP.

No creo que haya nadie, a estas alturas, que no desee que estos hechos se esclarezcan por el bien de todos los implicados, el propio estado de derecho, la necesidad de que exista confianza en la administración de justicia y en la clase política, dijo.

Este día, Álvaro Lapuerta, quien manejó las finanzas del PP entre 1990 y 2008, compareció ante la Fiscalía Anticorrupción y negó la existencia de una contabilidad paralela en el PP, así como haber visto los manuscritos sobre esas cuentas atribuidos a Bárcenas y que publicó El País.

Por otro lado, el juez de Palma de Mallorca, José Castro, solicitó la lista de bienes de Iñaki Urdangarin –yerno del rey Juan Carlos–, y de su ex socio Diego Torres, para proceder al embargo para que respondan a la fianza de más de 8 millones de euros para cada uno, tras constatar que no han cumplido con el pago, cuyo plazo venció la medianoche del miércoles.

En este contexto, miles de estudiantes, padres de familia y profesores recorrieron el centro de Madrid, en una manifestación contra las reformas educativas del gobierno que incluyen cuantiosos recortes, como colofón de tres días de huelga en la educación secundaria española.

Los manifestantes, unos 40 mil según los convocantes, tres mil 500 de acuerdo con la policía, marcharon hasta el Ministerio de Educación detrás de una pancarta en que se leía: la educación no es gasto, es inversión. ¡No a los recortes! mientras demandaban la dimisión del ministro de la cartera, José Ignacio Wert.

La marcha fue convocada por la Plataforma por la Defensa de la Educación Pública. Sus integrantes denuncian que la reforma educativa del ministro Wert va a empeorar la calidad de la educación pública y a convertir la educación en una mercancía de acceso sólo para quienes puedan pagar.

La protesta en la capital española –en la que también se aludió al escándalo de corrupción que sacude al PP–, fue la más numerosa, pero durante la jornada de hoy y el miércoles también hubo movilizaciones en otras ciudades del país.