El encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde; el procurador fiscal, Javier Laynez, y la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, advirtieron a los senadores que dictaminan la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para crear la Comisión Nacional Anticorrupción que otorgarle facultades para ejercer acción penal debilitaría al Ministerio Público Federal.

Los funcionarios asistieron a la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana y expresaron asimismo que los responsables de cometer actos de corrupción podrán irse al amparo directo si la decisión de la acción penal la toma un órgano colegiado por mayoría, y no por unanimidad.

La subprocuradora Benítez recalcó que llama la atención que se pretenda que esa Comisión Anticorrupción pueda ejercer acción penal, ya que trastocaría el modelo de procuración y administración de justicia. Dijo que la PGR tiene el monopolio de la investigación de delitos y además tal propuesta va en contra del modelo acusatorio que se quiere impulsar.

No aseguraría eficacia

Insistió en que ese órgano tendría facultades que ningún otro tiene, y no por ello nos va a asegurar la eficacia en el combate a la corrupción.

A su vez, el procurador fiscal de la Federación, Laynez, se pronunció por que el órgano fiscalizador se encargue sólo de la responsabilidad administrativa, pues de llevar la parte penal significaría crear una procuraduría bis, con personal en todo el país y ministerios públicos especializados.

Igualmente, el encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública dijo que la acción penal le corresponde a la PGR, y si vamos a subdividirla, entonces vamos a crear varios entes autónomos, uno para delincuencia organizada, otro para delitos ecológicos, entre otros. Esto llevaría a que la acción penal sea inoperante si la decide un órgano colegiado.

Tiene que ser una decisión personal, como lo es ahora en el Ministerio Público. De lo contrario sería contraproducente, recalcó Olivas Ugalde.

Por su parte, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, aseguró que si el Congreso decide crear una comisión que se encargue de la lucha contra la corrupción y la promoción de medidas preventivas no duplicará la labor de la ASF. El funcionario dijo a los legisladores que los esfuerzos institucionales por abatir los índices de corrupción deben contar con elementos mensurables de su efectividad.