El consejero electoral Sergio García Ramírez aseguró que su anunciada salida prematura del Instituto Federal Electoral (IFE) nada tiene que ver con la votación que ejerció en torno a la denuncia contra el ex candidato presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Peña Nieto, relacionada con el caso Monex. Subrayó que en su momento participó en una votación –que rompió un empate– sobre la imposición de una multa a los partidos por no esclarecer el destino del gasto, misma que no fue aprobada con su voto.

Mediante una nota de prensa, García Ramírez aseveró que desde que se conoció la presunta triangulación financiera entre el PRI, Banca Monex y otras empresas, entre ellas una en la que participaba un antiguo amigo (se le relacionó con la familia Fraga, lo cual no negó en su momento) y por ello se abstuvo de participar en las discusiones, pero no adoptó una excusa legal al respecto.

Indicó que desde su designación como consejero electoral por la Cámara de Diputados informó que aceptaría el cargo temporalmente –que incluía todo el proceso electoral–, lo cual posteriormente se lo comunicó a su llegada al consejero presidente, Leonardo Valdés. En diciembre recordó lo conversado a Valdés y en enero lo comunicó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

García Ramírez mencionó que el 23 de enero pasado ya se conocía de su decisión. Durante el debate sobre el caso Monex no participó en la discusión, pero “al término de ésta se puso a votación el dictamen de la Unidad de Fiscalización. Sobresalían dos puntos: ¿eran ilícitos los recursos empleados por el partido denunciado?, y ¿quedó comprobada la aplicación del gasto? De las decisiones que adoptara el consejo podría derivar, en su caso, una sanción económica.

Argumentó que su participación en la segunda votación –la multa por los egresos– fue previa consulta a los otros consejeros sobre posibles objeciones a que interviniera, lo cual no ocurrió. Ejercí mi derecho a votar y cumplí mi deber de hacerlo, concluyó en el entendido de que mantener el empate hubiera implicado detener la decisión por un tiempo indefinido (un año en el único caso que ha ocurrido), según el reglamento.