La sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para discutir y, en su caso, aprobar los dictámenes de la Unidad de Fiscalización sobre los informes de gastos de campaña presidencial ha dividido a los consejeros electorales sobre la ruta a seguir. Se anticipa que un grupo de consejeros empujará por devolver los expedientes a la Unidad de Fiscalización para revisar los criterios de prorrateo aplicables, postura que es inadmisible para otro sector de consejeros.

Postergada por una semana para que sus integrantes tuvieran tiempo de leer los voluminosos dictámenes que suman más de 7 mil cuartillas, la sesión se centraría en la viabilidad de aplicar los criterios del reglamento, los cuales, se plantea entre algunos consejeros, no puede estar por encima de disposiciones constitucionales y legales.

Al mismo tiempo, se ha planteado también en los intercambios entre consejeros la posibilidad de que se sancione al entonces candidato presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Peña Nieto, por rebasar los topes de campaña, aunque no en la proporción en que se ha propuesto multar a la coalición de izquierda.

Artículo 177

Parte medular del debate será la vigencia del artículo 177 del reglamento que se refiere al prorrateo de gastos, 50 por ciento de los cuales es prerrogativa del partido o coalición, en qué proporción asigna entre las diversas campañas tratándose de gastos genéricos (gorras, playeras, espectaculares, mítines, que involucren a más de un candidato).

De acuerdo con los criterios partidistas, esto puede derivar en que en un caso una camiseta tenga un costo de un peso para la campaña de un candidato presidencial y en otros casos ese costo llegue a 300 o 400 por ciento más en otro aspirante derivado del prorrateo de gastos.

El desfasamiento de la fiscalización de los informes de gastos de campaña presidencial, con respecto de los reportes de las campañas de senadores y diputados (impulsada por el Movimiento Progresista) ha favorecido estas distorsiones que sólo se verían, de manera conjunta, hasta junio, cuando se discutan los otros informes.

Es entonces, explican fuentes del IFE, cuando afloren los excesos en el gasto y en los criterios de prorrateo, pues un mitin conjunto del candidato presidencial y de un senador implicaría cargar, en un caso, hasta 75 por ciento del costo al aspirante a senador y, al momento de su informe, difícilmente evitará romper el tope de gastos.

En la balanza, el dilema se complica, porque el criterio de prorratear gastos entre las campañas beneficiadas se ha aplicado ya en varias contiendas federales anteriores. Por ello, entre los temas que analizan los consejeros está el que más tensión ha generado: el rebase de topes de gastos de campaña por parte de Andrés Manuel López Obrador. Un exceso que proviene de errores en la contabilidad de la coalición que lo postuló y en los porcentajes que en esos partidos asignaron para el prorrateo, según justifican consejeros.

La tensión derivada del desahogo de la fase final de la campaña (en su momento la más polémica, los gastos de campaña) ha provocado que para algún sector del IFE sea inadmisible lo que consideran como presiones indebidas de parte de la coalición de izquierda, con amagos de promover juicios políticos y destitución de funcionarios.

Sin embargo, en paralelo, hay cabildeos que pugnan por reducir el elevado monto de la multa que se pretende aplicar a la izquierda: 129 millones de pesos, de los cuales 54 millones serían para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 38 al Partido del Trabajo y 37 al Movimiento Ciudadano.