La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se estancó anoche en la discusión de la minuta del Senado con la nueva Ley de Amparo, luego de que legisladores de PRI, PAN y PRD hicieron observaciones de constitucionalidad al contenido del documento y de legalidad en el proceso parlamentario.

Diputados de PAN y PRD resaltaron que la disposición que permitiría interponer amparos entre particulares podría ser inconstitucional, dado que en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna se define que la protección de la justicia se puede solicitar únicamente contra actos de autoridad.

Asimismo, el PRD planteó que la comisión ya no podía dictaminar la minuta, dado que la recibieron en octubre de 2011 y, conforme al Reglamento de la Cámara, debió ser aprobada por la anterior legislatura, por lo que –expuso– votarla iría contra el propio reglamento de los diputados.

Esas posturas frenaron la discusión, primero en la junta directiva de la comisión –que sesionó en privado–, y posteriormente los legisladores cuestionaron que no existe ni un proyecto del dictamen, el primero que forma parte del listado de temas del Pacto por México en este periodo ordinario, y que PRI, PAN y PRD planeaban discutir en la sesión ordinaria de hoy.

Acotar órdenes de captura

Aunque los grupos parlamentarios pretendían aprobarlo sin cambios, el PRI presentó una propuesta para acotar el amparo contra órdenes de aprehensión.

La propuesta del tricolor plantea que para quienes estén sujetos a proceso por delitos de prisión oficiosa (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, actos ilícitos violentos y contra la seguridad nacional), la suspensión sólo produzca el efecto de que el solicitante quede vinculado al órgano jurisdiccional de amparo, pero que el sujeto esté a disposición de la autoridad a la que le corresponda conocer el procedimiento penal.

En el caso de los delitos que no impliquen prisión oficiosa, el PRI planteó en un documento entregado a los otros partidos que la suspensión sólo produciría el efecto de no detención, pero bajo las medidas que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.

Los diputados perredistas plantearon en la comisión que la minuta del Senado diluyó el capítulo de amparo en materia agraria, además de que debía definirse en un listado contra qué particulares podría solicitarse la protección de la justicia, hoy sólo aplicable a autoridades.